Durante años, Perú fue considerado uno de los entornos mediáticos más dinámicos de América del Sur. Los periodistas de investigación destaparon escándalos de corrupción, expusieron abusos de poder y desempeñaron un papel fundamental en la rendición de cuentas de los líderes políticos. Sin embargo, hoy ese entorno se encuentra bajo una creciente amenaza.
El deterioro de la libertad de prensa en Perú se ha convertido en uno de los desarrollos más preocupantes para el periodismo en América Latina. Investigaciones recientes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentan cómo los periodistas enfrentan amenazas cada vez mayores por parte del crimen organizado, la hostilidad política y la debilidad institucional, creando lo que los defensores de la libertad de prensa describen como un entorno cada vez más adverso para el periodismo independiente.
Una caída drástica de la libertad de prensa
El declive es medible. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Perú ha descendido de manera significativa en el Índice Mundial de Libertad de Prensa durante los últimos años, reflejando un entorno cada vez más hostil para los periodistas. RSF ha advertido sobre una “gran ofensiva contra la libertad de prensa” en el país, citando ataques legislativos, acoso judicial, vigilancia a periodistas y campañas públicas destinadas a desacreditar a los medios independientes.
Este deterioro no es el resultado de incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio en el que las instituciones estatales se han mostrado cada vez más dispuestas a atacar a periodistas que investigan la corrupción y los abusos de poder.
La tendencia refleja desarrollos observados en otras partes de América Latina, donde las instituciones democráticas se han debilitado mientras gobiernos y actores políticos buscan un mayor control sobre el debate público. Aunque Perú no ha alcanzado los niveles de represión mediática observados en regímenes autoritarios como Nicaragua o Venezuela, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que el país avanza en una dirección preocupante.
Inestabilidad política y erosión democrática
Las raíces de la crisis de la libertad de prensa en Perú no pueden separarse de la profunda turbulencia política que atraviesa el país.
Durante la última década, Perú ha experimentado una extraordinaria inestabilidad, con múltiples presidentes, repetidos procesos de destitución, escándalos de corrupción y crisis constitucionales. Los constantes cambios de gobierno han debilitado las instituciones públicas y erosionado la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
La polarización política también se ha intensificado, y los periodistas han pasado de ser observadores a convertirse en objetivos del conflicto político. Distintas administraciones han acusado a medios de comunicación de parcialidad, conspiración o interferencia política, mientras que funcionarios públicos atacan regularmente a periodistas que investigan denuncias de corrupción.
Periodistas atrapados entre la corrupción y el crimen organizado
Las amenazas que enfrentan los periodistas peruanos van mucho más allá de la presión política.
Uno de los desarrollos más alarmantes de los últimos años ha sido la expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y los delitos ambientales. Estos grupos han incrementado su poder en diversas regiones del país, especialmente fuera de Lima.
A medida que estas organizaciones amplían su influencia, los periodistas que investigan estas actividades enfrentan riesgos enormes.
Los reporteros que cubren operaciones de minería ilegal, destrucción ambiental en la Amazonía, tráfico de drogas y corrupción local suelen trabajar con recursos limitados y escasa protección institucional. Muchos son freelancers o empleados de pequeños medios regionales que no cuentan con el respaldo legal y financiero disponible para las grandes organizaciones mediáticas nacionales.
Las consecuencias han sido mortales. Según informes recientes del CPJ y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), cuatro periodistas fueron asesinados en Perú durante 2025, convirtiéndolo en el año más letal para el periodismo peruano en décadas. Las víctimas trabajaban en regiones fuera de la capital y cubrían temas relacionados con la corrupción, las redes criminales y las estructuras locales de poder.
Acoso judicial y uso del sistema legal como herramienta de presión
Los periodistas peruanos también enfrentan niveles crecientes de intimidación legal, vigilancia y acoso judicial. Las organizaciones de libertad de prensa han documentado numerosos casos en los que reporteros que investigaban corrupción fueron objeto de demandas, denuncias penales, solicitudes de acceso a comunicaciones privadas o intentos de revelar sus fuentes confidenciales.
Periodistas de investigación han denunciado ser blanco de acciones legales poco después de publicar reportajes relacionados con altos funcionarios gubernamentales o figuras políticamente influyentes.
Aunque estos casos no siempre terminan en condenas, los críticos argumentan que el propio proceso judicial funciona como un castigo. Defenderse de una demanda requiere recursos financieros, tiempo y energía emocional considerables, especialmente para periodistas independientes y pequeños medios.
Este fenómeno, conocido frecuentemente como lawfare contra la prensa, se ha convertido en una preocupación creciente en toda América Latina.
La ley APCI y los temores a un mayor control estatal
En 2025, Perú aprobó modificaciones controvertidas a la ley APCI. Amnistía Internacional advirtió que la legislación podría debilitar la libertad de expresión y la libertad de asociación al ampliar la supervisión gubernamental sobre organizaciones que reciben financiamiento internacional.
Muchos medios independientes en Perú operan bajo estructuras sin fines de lucro y dependen de fondos internacionales para sostener proyectos de periodismo de investigación. Bajo el nuevo marco normativo, las organizaciones que reciben financiamiento extranjero enfrentan mayores requisitos de reporte y una supervisión estatal más estricta.
Según el análisis de Amnistía Internacional, estas medidas generan oportunidades para la interferencia política y la presión burocrática, al tiempo que aumentan la vulnerabilidad de las organizaciones periodísticas que investigan irregularidades gubernamentales.
La legislación podría desalentar el periodismo independiente al crear incertidumbre financiera y nuevos obstáculos regulatorios para medios pequeños que ya operan en condiciones difíciles.
Mecanismos de protección débiles e impunidad generalizada
Perú cuenta con mecanismos destinados a proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que enfrentan amenazas. Sin embargo, las organizaciones de libertad de prensa sostienen que estos sistemas siguen estando insuficientemente financiados, son principalmente reactivos y resultan en gran medida ineficaces.
Muchos periodistas expresan poca confianza en los programas estatales de protección, especialmente cuando las amenazas provienen de funcionarios públicos o personas con conexiones políticas.
Al mismo tiempo, la impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos.
Las investigaciones sobre ataques contra periodistas suelen avanzar lentamente, mientras que los procesos judiciales rara vez concluyen con sanciones. La falta de rendición de cuentas envía un mensaje peligroso: quienes amenazan, hostigan o atacan a periodistas tienen pocas probabilidades de enfrentar consecuencias.
Este entorno de impunidad no solo pone en riesgo a los reporteros individualmente, sino que también fomenta la autocensura. Los periodistas que trabajan en regiones de alto riesgo pueden optar por evitar investigaciones sensibles por temor a represalias y ante la ausencia de protección efectiva.
Una señal de alerta para la democracia
La crisis que enfrenta el periodismo peruano es, en última instancia, mucho más que un problema del sector mediático.
La trayectoria actual de Perú demuestra cómo la erosión democrática suele producirse gradualmente y no mediante un único acontecimiento dramático. El debilitamiento institucional, los ataques contra los mecanismos de control, la hostilidad hacia el periodismo crítico y la creciente impunidad frente a la violencia contra periodistas crean colectivamente un entorno en el que la libertad de prensa se vuelve cada vez más frágil.
El país todavía conserva medios independientes, proyectos de periodismo de investigación y profesionales comprometidos con exponer los abusos de poder. Sin embargo, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que estos avances no deben darse por garantizados.
Sin una mayor protección para los periodistas, una rendición de cuentas efectiva por los ataques contra la prensa y un renovado compromiso con las instituciones democráticas, Perú corre el riesgo de avanzar hacia un modelo en el que el periodismo independiente sea cada vez más peligroso y difícil de ejercer.
El futuro de la libertad de prensa en Perú dependerá no solo de la resiliencia de sus periodistas, sino también de la voluntad de las instituciones políticas del país para defender el principio democrático fundamental de que una prensa libre debe poder operar sin miedo.