Cuando John Dramani Mahama asumió la presidencia de Ghana en enero de 2025, prometió inaugurar lo que él llamó una era de verdadera libertad de prensa. Dieciocho meses después, esa promesa parece cada vez más vacía. Según una exhaustiva investigación publicada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en junio de 2026, al menos 17 periodistas han sido atacados en ocho incidentes separados durante el mandato de Mahama, y en prácticamente todos los casos nadie ha sido considerado responsable.
Lo que reveló la investigación
El reportaje del CPJ no se basa en testimonios de segunda mano. Los periodistas directamente involucrados en cada incidente fueron entrevistados para determinar qué tipo de justicia habían recibido, si es que recibieron alguna. El patrón que emergió es contundente: actores estatales fueron responsables de aproximadamente la mitad de los ataques. Agentes de policía, bomberos y soldados estuvieron detrás de ocho de las agresiones, mientras que mineros ilegales e individuos no identificados atacaron a los nueve restantes.
Algunos de los casos documentados incluyen:
- 11 de febrero de 2025: Cinco periodistas que cubrían las elecciones del Consejo de Estado en la región Ashanti de Ghana fueron agredidos por un grupo de hombres no identificados en el Consejo de Coordinación Regional de Ashanti, según informó la Federación Internacional de Periodistas. El reportero Gideon Nana Peprah de GhanaWeb describió posteriormente cómo fue golpeado con un objeto metálico tras acusarle los agresores de filmarlos.
- 21 de febrero de 2025: Tres periodistas que informaban sobre minería ilegal de oro fueron escoltados por la policía hasta un bosque en la Región Occidental de Ghana, donde presuntos mineros ilegales los atacaron, dañando su equipo e hiriendo el brazo de uno de los reporteros, según constató el CPJ. Este fue el único caso en el que se produjo algún tipo de resarcimiento: un tribunal ordenó posteriormente a los mineros pagar una compensación por el equipo dañado.
- 5 de enero de 2026: El reportero Samuel Addo fue agredido por bomberos mientras filmaba las consecuencias de un incendio en un mercado de Kasoa, cerca de Accra. Declaró al CPJ que perdió aproximadamente 10.000 cedis (unos 901 dólares) durante la agresión de cinco minutos y que, más allá de una entrevista inicial, ninguna autoridad volvió a ponerse en contacto con él.
- 26 de enero de 2026: Dos oficiales militares en Walewale, en la región Noreste de Ghana, azotaron al periodista Solomon Kwame Kanaluwe y restablecieron de fábrica su teléfono móvil después de que este se identificara como miembro de la prensa, según el relato del CPJ sobre el incidente.
En todos los casos, los periodistas dijeron al CPJ que se habían identificado claramente, llevando chaquetas de prensa, portando identificación o declarando abiertamente su profesión. No marcó ninguna diferencia.
Palabras frente a acción
El presidente Mahama ha condenado repetidamente los ataques en declaraciones públicas. Durante una visita en enero de 2026 a la Ghana Broadcasting Corporation, de titularidad estatal, afirmó que el personal de seguridad necesitaba «una reorientación» para entender que los periodistas, al igual que las fuerzas de seguridad, simplemente están haciendo su trabajo. Insistió en que los incidentes «deben ser tratados con la mayor firmeza posible». Cuando se le preguntó específicamente sobre el caso de Addo, Mahama dijo creer que los bomberos responsables habían sido identificados y sancionados.
El CPJ no encontró ninguna evidencia que respaldara esa afirmación. El propio Addo afirmó que nadie volvió a contactarle después de su entrevista inicial con la policía. De los ocho incidentes documentados, el único que produjo algún tipo de responsabilidad tangible fue la compensación ordenada por el tribunal en el caso de la minería, y aun así solo abordó los daños materiales, no la agresión en sí.
El ministro de Comunicaciones de Ghana, Samuel Nartey George, reiteró el compromiso declarado del gobierno con la libertad de prensa a principios de junio de 2026, describiendo a la prensa como un elemento central para la democracia del país. La brecha entre esa retórica y la experiencia vivida por los periodistas atacados es precisamente lo que deja al descubierto la investigación del CPJ.
Parte de un patrón más largo
Este no es un fenómeno nuevo en Ghana, y ese contexto importa. El asesinato en 2019 del periodista de investigación Ahmed Hussein-Suale Divela, tiroteado cerca de su domicilio tras su reportaje que exponía la corrupción en el arbitraje del fútbol africano, sigue sin resolverse. El CPJ conmemoró el aniversario de su muerte en noviembre de 2025 exigiendo de nuevo responsabilidades, un llamamiento que lleva ya más de seis años sin respuesta. El CPJ también escribió directamente a Mahama en abril de 2025, instándole a garantizar justicia por el asesinato de Hussein-Suale y revertir el patrón generalizado de impunidad.
Los grupos de la sociedad civil que hacen seguimiento de la libertad de prensa en Ghana han documentado un arco más amplio de abusos que se remonta a años atrás: periodistas detenidos y presuntamente maltratados por operativos de seguridad nacional en 2019, reporteros atacados por militares en 2020 a pesar de las promesas de reparación, y miembros de la prensa hostigados físicamente y detenidos durante las protestas «Occupy Julorbi House» de 2023, según documentó el Centro África para la Democracia y el Desarrollo Socioeconómico. Los analistas de dicho centro argumentan que cada incidente sin castigo envía una señal inequívoca: que la autoridad puede suprimir el periodismo sin consecuencias.
Por qué importa
Ghana ha sido durante mucho tiempo presentada como un punto de referencia positivo en materia de libertad de prensa en África Occidental. Esa reputación está ahora visiblemente deteriorada. Cuando los periodistas dicen, como le dijo una productora de televisión al CPJ, que nada cambió con el cambio de gobierno, esto refleja algo más que agravios individuales. Apunta a un vacío de responsabilidad que trasciende cualquier administración concreta, arraigado en la forma en que las instituciones de seguridad tratan a la prensa durante la cobertura periodística ordinaria, y no solo en momentos de crisis política.
Los periodistas entrevistados por el CPJ no pedían un trato especial. Pedían lo mismo que los defensores de la lucha contra la impunidad llevan pidiendo desde 2019: detenciones rápidas, investigaciones reales y responsabilidad pública cuando quienes deben proteger a los ciudadanos atacan a los reporteros que los cubren. Hasta que eso ocurra, las declaraciones de apoyo a la libertad de prensa, por muy sinceras que sean, seguirán chocando con la misma pregunta sin respuesta que lleva años sobrevolando a la prensa ghanesa: ¿quién, si es que alguien, es alguna vez realmente considerado responsable?