Tras la publicación del ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), el panorama para Perú es alarmante. El país ha descendido 53 posiciones en los últimos tres años, situándose actualmente en el puesto 130 de 180 países. Esta caída refleja un ambiente cada vez más hostil para los medios de comunicación y los periodistas, marcado por hostigamiento, violencia e iniciativas legislativas represivas. A continuación, analizamos los factores clave de este deterioro.
Un ecosistema mediático fragmentado y presionado
El panorama mediático peruano es diverso, pero en Lima, centro político y económico del país, predominan medios alineados con la coalición autoritaria que gobierna desde diciembre de 2022. En este contexto, varios medios que antes eran considerados confiables han adoptado prácticas desinformativas. Mientras tanto, el periodismo de investigación sobrevive, aunque de forma marginal, en plataformas digitales sin fines de lucro.
Medios como Trome, el periódico más leído del país, y Radioprogramas del Perú, la emisora informativa líder, aún tienen alcance, pero la desconfianza ciudadana ha impulsado el consumo de medios alternativos, sobre todo entre los jóvenes que recurren a plataformas como TikTok para informarse. Esta migración digital ha provocado una caída significativa en la audiencia de los canales de televisión tradicionales.
Crisis política e institucional: el inicio del declive
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia. La maniobra fue rápidamente neutralizada, y Dina Boluarte asumió la presidencia, respaldada por sectores ultraconservadores del Parlamento.
Desde entonces, el Congreso ha cooptado instituciones clave, como el Tribunal Constitucional, debilitando la separación de poderes. La represión de las protestas ciudadanas, que dejaron 48 muertos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, marcó un giro autoritario en la gestión gubernamental.
Ley Mordaza: una amenaza directa al periodismo
El 13 de marzo de 2025, el Congreso peruano aprobó en primera votación una polémica reforma legal conocida como “Ley Mordaza”. Esta iniciativa aumenta las penas de prisión por difamación hasta cinco años e introduce delitos vagamente definidos como “violación de la intimidad personal”, con implicaciones directas para el periodismo de investigación.
El proyecto también reduce el plazo para rectificaciones obligatorias de siete días a apenas 24 horas, lo que promueve la autocensura. Se espera que la segunda votación para su aprobación definitiva se realice en las próximas semanas.
Control sobre medios independientes: nueva ley sobre cooperación internacional
El 14 de abril de 2025, la presidenta Boluarte promulgó una ley que refuerza el control estatal sobre organizaciones de la sociedad civil, incluyendo medios de comunicación financiados por cooperación internacional. La reforma exige aprobación previa del gobierno para ejecutar proyectos con fondos extranjeros, autoriza sanciones arbitrarias, y prohíbe apoyar acciones consideradas “contra el Estado peruano”, sin definir claramente estos términos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los efectos restrictivos de esta ley sobre la libertad de prensa y el ejercicio periodístico independiente.
Escalada de violencia: asesinatos impunes
El año 2025 ha marcado un trágico regreso a la violencia letal contra periodistas en Perú. En enero, Gastón Medina, fundador del canal Cadena Sur TV, fue asesinado a tiros al salir de su casa rumbo a su trabajo. Medina había recibido amenazas desde 2022, y las autoridades, pese a estar informadas, no le brindaron protección efectiva.
El 7 de mayo, Raúl Celis López, periodista de 70 años conocido por sus denuncias sobre corrupción policial y crimen organizado, fue asesinado en Iquitos por sicarios que le dispararon en la cabeza mientras se dirigía a su emisora.
Ante estos hechos, RSF emitió una declaración contundente:
“Los periodistas que informan sobre las realidades sociales, políticas y ambientales de la Amazonía están desprotegidos. Su labor es fundamental para documentar violaciones a los derechos humanos en zonas abandonadas por el Estado. Es urgente que Perú garantice su seguridad y su libertad de informar.”— Artur Romeu, Director para América Latina de RSF
Persecución desde el poder: el caso IDL-Reporteros
El clima de intimidación también se refleja en las declaraciones de la presidenta Boluarte, quien recientemente sugirió allanar la redacción de IDL-Reporteros e investigar a su director, el reconocido periodista Gustavo Gorriti, nominado al Premio al Coraje de RSF 2024. Estos ataques verbales desde el poder agravan el ya precario entorno para el periodismo en el país.
Desde Free Press Alliance, condenamos enérgicamente los asesinatos de los periodistas en Perú y exigimos investigaciones rápidas, independientes y transparentes. Instamos a las autoridades peruanas a garantizar la seguridad de quienes ejercen el derecho a informar, y hacemos un llamado a los medios y periodistas a resistir la autocensura. Proteger el periodismo es proteger la democracia.