Un tribunal chileno ha condenado a cinco años de prisión a un ex juez y a un general retirado del Ejército por autorizar ilegalmente la vigilancia del periodista de investigación Mauricio Weibel, lo que supone una victoria significativa para la libertad de prensa y la rendición de cuentas en América Latina.
El caso tiene su origen en las investigaciones pioneras de Weibel sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas chilenas. En 2015, el periódico The Clinic publicó su investigación «Milicogate: El Gran Robo del Fondo de Reserva del Cobre», que expuso el uso indebido de fondos militares. Posteriormente amplió la investigación en su libro de 2016 «Traición a la Patria», atrayendo mayor atención pública hacia uno de los mayores escándalos de corrupción militar de Chile.
En 2017, el ex juez Juan Poblete y el general retirado Shafik Nazal autorizaron ilegalmente la interceptación de las comunicaciones de Weibel. Para justificar la vigilancia, las autoridades afirmaron falsamente que el número de teléfono del periodista pertenecía a un ciudadano boliviano sospechoso de actuar como agente de inteligencia extranjero. La operación fue posteriormente expuesta como un abuso de los poderes judicial y militar destinado a monitorear a un periodista que investigaba la corrupción.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpables a ambos funcionarios, subrayando la obligación de Chile, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, de investigar y sancionar los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos. En su fallo, el tribunal rechazó los argumentos que pedían el sobreseimiento del caso por prescripción, una defensa legal frecuentemente invocada en casos que involucran abusos cometidos por funcionarios estatales. La sentencia es firme, no puede ser apelada y priva permanentemente a ambos condenados de sus derechos políticos.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acogió favorablemente el fallo, describiéndolo como un precedente importante en la lucha contra la impunidad por la vigilancia ilegal dirigida contra periodistas. La organización señaló que casos similares de espionaje gubernamental han sido documentados en varios países de la región, entre ellos México y El Salvador, donde periodistas han sido sometidos a vigilancia invasiva a causa de sus reportajes.
En Free Press Alliance, celebramos esta histórica sentencia como un paso importante hacia la rendición de cuentas por los abusos cometidos contra periodistas. La vigilancia ilegal de reporteros representa una grave violación de la libertad de prensa, la confidencialidad de las fuentes y el derecho del público a acceder a información independiente. Hacemos un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que garanticen que los responsables del espionaje ilegal de periodistas sean procesados y para que se refuercen las garantías legales que impidan el uso indebido de los poderes de vigilancia contra la prensa.
Esta decisión envía un poderoso mensaje: las instituciones del Estado no pueden utilizar mecanismos judiciales o de seguridad para silenciar el periodismo de investigación sin consecuencias. A medida que las tecnologías de vigilancia se vuelven cada vez más sofisticadas, garantizar la rendición de cuentas por su uso indebido es esencial para proteger a los periodistas, preservar la supervisión democrática y defender el derecho fundamental a la libertad de expresión.