Los periodistas ya no solo son encarcelados o silenciados en los tribunales. Cada vez más, el propio proceso legal está diseñado para expulsarlos de sus propios países.
Durante décadas, los observadores de la libertad de prensa rastrearon un conjunto conocido de herramientas de represión: el encarcelamiento, los ataques físicos y el cierre directo de medios de comunicación. Hoy, un modelo más silencioso y legalmente sofisticado está ganando terreno. Las denuncias penales, las investigaciones fiscales, los registros de «agentes extranjeros» y los juicios en rebeldía se utilizan para hacer que el periodismo independiente sea tan costoso, tan arriesgado y tan agotador que los periodistas acaban marchándose. La sala del tribunal ya no es solo el lugar donde se ejecuta la censura; es donde se fabrica el exilio.
El castigo es el proceso
El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de RSF muestra la libertad de prensa global en su nivel más bajo en 25 años. El deterioro más acusado se produjo en el indicador legal, que empeoró en más del 60% de los países. RSF señala las vagas leyes de seguridad nacional y desinformación, y la proliferación de las SLAPP —demandas estratégicas destinadas a enterrar a los periodistas en costosos litigios—, desde Bulgaria hasta Guatemala e incluso Francia.
PEN Internacional llegó a una conclusión similar en su panorama de las Américas de 2026, describiendo el acoso judicial como uno de los mecanismos más comunes utilizados en toda la región para censurar a escritores y periodistas. Su título capta la lógica: el castigo es el proceso. Un periodista no necesita ser condenado para que el sistema funcione. Años de audiencias, activos congelados, prohibiciones de viajar y honorarios legales hacen el trabajo.
El Salvador: un caso de estudio sobre cómo funciona el mecanismo
El Salvador muestra con qué rapidez puede desarrollarse la secuencia. Tras la publicación por parte de El Faro de entrevistas con líderes de pandillas sobre su presunta relación con el presidente Nayib Bukele, el medio advirtió de que los fiscales estaban preparando órdenes de arresto contra al menos siete de sus periodistas. Diez reporteros de El Faro abandonaron el país. En una entrevista con el Comité para la Protección de los Periodistas, el director general Óscar Martínez resumió la elección a la que se enfrentó su redacción: «exilio o prisión». (CPJ)
La presión legal y financiera se había ido acumulando durante años. El Faro ya se había visto obligado a trasladar su sede legal a Costa Rica en 2023 tras acusaciones de blanqueo de dinero y evasión fiscal, tal como ha documentado el propio medio (El Faro en inglés). En mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que obliga a las organizaciones e individuos que reciben financiación extranjera a registrarse ante el gobierno e impone un impuesto del 30% sobre dichas donaciones, según informó RSF. Los medios independientes que dependen del apoyo internacional se enfrentaron de repente a una elección entre el cumplimiento normativo, el cierre o la marcha.
Las cifras son contundentes. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) estimó que alrededor de 40 periodistas abandonaron el país en un solo mes. La propia APES, una de las principales organizaciones de libertad de prensa del país, se vio obligada a marcharse en mayo de 2025. Un informe posterior de RSF, APES y ARPAS documentó 53 casos de exilio forzado en seis meses (Latin America Journalism Review). Como describió el presidente de APES, Sergio Aráuz, los periodistas fueron primero asfixiados por la persecución y la amenaza de prisión, y después por el estrangulamiento financiero.
El exilio no pone fin al acoso
Abandonar el país no pone necesariamente fin a la persecución legal. En Bielorrusia, una reforma del código de procedimiento penal de 2022 introdujo «procedimientos especiales» que permiten a los tribunales condenar a personas en rebeldía. El CPJ constató que más de 60 periodistas bielorrusos exiliados están siendo investigados o enfrentan cargos en casos abiertos después de que se marcharan. Muchos se enteran de los procedimientos solo cuando la policía visita a sus familiares o cuando encuentran sus nombres en una lista de buscados. Las autoridades pueden confiscar propiedades y acosar a los familiares, razón por la que la mayoría de los periodistas bielorrusos exiliados trabajan de forma anónima.
Turquía ilustra un patrón relacionado. RSF señala que el país, ahora en el puesto 163 de 180 en el Índice 2026, se ha convertido tanto en refugio para periodistas que huyen de conflictos regionales como en fuente de reporteros exiliados. Al menos 10 periodistas que trabajaban en Turquía huyeron del país con la ayuda de RSF en el período examinado, y RSF señala que esta cifra solo cubre a quienes recibieron su asistencia (Stockholm Center for Freedom). Las cifras visibles casi con certeza subestiman la realidad.
Por qué el exilio es una forma de censura tan eficaz
El exilio resulta atractivo para los gobiernos precisamente porque parece una decisión personal más que una acción estatal. Ningún periodista es formalmente prohibido, ningún medio es formalmente cerrado y no se necesita ninguna celda de prisión. Sin embargo, el resultado es el mismo: el reportero es alejado de las comunidades sobre las que informa, queda aislado de sus fuentes y audiencias locales, y a menudo es incapaz de ganarse la vida con el periodismo. Las redacciones pierden memoria institucional. Las audiencias pierden el acceso al trabajo de investigación. Otros en la profesión observan lo que ocurre y comienzan a autocensurarse.
Las herramientas legales involucradas también dan a la represión un barniz de legitimidad. Los gobiernos pueden señalar un estatuto, un fiscal o una auditoría fiscal y afirmar que se está aplicando el Estado de derecho. Por eso esta tendencia es más difícil de confrontar que un acto de violencia directo, y por eso tan frecuentemente escapa a la atención internacional hasta que es demasiado tarde.
Qué necesita cambiar
Las organizaciones de libertad de prensa y los responsables políticos deberían tratar el acoso judicial y el exilio forzado como parte de un mismo continuo en lugar de como problemas separados. Eso significa monitorear las medidas cautelares, las investigaciones fiscales y los registros de agentes extranjeros como señales de alerta temprana, no solo las condenas y los encarcelamientos. Significa legislación anti-SLAPP y supervisión judicial independiente. También significa apoyo práctico para quienes se marchan: financiación de emergencia, asistencia legal, espacios de trabajo seguros y protección contra la represión transnacional para los periodistas que han alcanzado lo que debería ser la seguridad.
Un periodista que se ve obligado a huir no se ha limitado a cambiar de domicilio. Un país ha perdido una voz, y sus ciudadanos han perdido una ventana hacia lo que hace su gobierno. Reconocer el exilio como una forma de censura es el primer paso para responder a él.