Los hondureños acudieron a las urnas el domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude, presiones políticas y un entorno cada vez más adverso para el periodismo independiente. Los resultados preliminares apuntan al empresario Nasry “Tito” Asfura como ganador, a pesar de que las encuestas previas lo situaban en tercer lugar. El proceso tomó un giro aún más polémico cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con cortar la ayuda financiera a Honduras si Asfura no resultaba electo, una intervención sin precedentes a menos de 48 horas del día de la votación.
Pero más allá de las tensiones políticas o las acusaciones de injerencia externa, el desarrollo más alarmante ha sido el clima hostil y peligroso que enfrentó la prensa hondureña en las semanas previas a las elecciones.
Escalada de hostilidad hacia los medios
En el periodo preelectoral, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras emitió una serie de declaraciones públicas agresivas y profundamente preocupantes dirigidas contra periodistas y medios. Líderes militares acusaron a los reporteros de llevar a cabo “campañas mediáticas disfrazadas de cobertura periodística”, insinuando que la prensa buscaba dañar la credibilidad de la institución.
Estas declaraciones fueron acompañadas por insinuaciones de que los periodistas formaban parte de una “red de actores públicos y privados mezclados con estructuras del crimen organizado”. Una publicación oficial de las Fuerzas Armadas incluso difundió en portada un texto titulado “Sicarios de la Verdad”, acusando a tres periodistas de ser enemigos del Estado, un acto condenado por organizaciones de libertad de prensa como una forma de estigmatización y criminalización del trabajo periodístico.
Un patrón de intimidación institucional
Estas recientes declaraciones forman parte de un patrón más amplio de presión institucional documentado a lo largo del año: amenazas para obligar a los medios a revelar fuentes, hostigamiento judicial, ataques digitales, incluido el hackeo de cuentas en redes sociales de redacciones, y repetidos intentos públicos de desacreditar reportajes de investigación.
El medio independiente Criterio.hn ha denunciado públicamente el hackeo de sus cuentas y exigencias oficiales de la Fiscalía para revelar fuentes confidenciales, acciones descritas por organizaciones de libertad de expresión locales y regionales como claros actos de intimidación.
Impacto en periodistas y redacciones
La combinación de retórica militar, presión fiscal y ataques digitales tiene efectos directos y medibles en la seguridad de los periodistas y en la independencia editorial:
- Autocensura: cuando las Fuerzas Armadas y otras instituciones estatales etiquetan el trabajo periodístico como criminal o vinculan a los reporteros con el crimen organizado, el efecto intimidatorio desincentiva la investigación de temas sensibles.
- Presión legal y administrativa: los intentos repetidos de obligar a revelar fuentes socavan la confidencialidad necesaria para reportajes sobre corrupción y redes ilícitas. Estas solicitudes violan estándares hondureños e internacionales sobre la protección de fuentes.
- Inseguridad digital: campañas de hackeo y ataques coordinados en línea erosionan la capacidad de los medios para llegar a sus audiencias y pueden utilizarse para difundir desinformación o dañar su credibilidad. Criterio.hn reportó ataques de este tipo junto con visitas de fiscales exigiendo información sobre fuentes.
En conjunto, estas presiones debilitan la capacidad de los medios para brindar el escrutinio independiente esencial en unas elecciones libres y justas.
Impacto en la transparencia electoral y la confianza pública
Una prensa libre es pilar fundamental de la rendición de cuentas electoral. Cuando los periodistas son intimidados, los votantes reciben información menos fiable y el espacio para el debate público se reduce.
En Honduras, el contexto preelectoral, incluyendo controversias sobre la custodia militar de las papeletas y un lento y discutido proceso de conteo, ha incrementado la sospecha pública sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas del proceso. Las acusaciones de fraude y el peso político de una amenaza pública de un actor externo han profundizado estas preocupaciones.
Los primeros informes de una contienda cerrada entre los principales candidatos han llevado a campañas rivales a advertir sobre posible manipulación y cuestionar la legitimidad de los resultados preliminares, debilitando aún más la confianza pública.
Reacción internacional y organismos regionales
Organizaciones regionales e internacionales han condenado públicamente el hostigamiento contra periodistas hondureños. Organismos interamericanos y grupos de libertad de prensa han emitido declaraciones expresando “grave preocupación internacional” por la retórica estigmatizante de las fuerzas de seguridad y las acciones judiciales que amenazan la confidencialidad periodística. Varias ONG, incluidas CPJ, RSF y PEN, junto con organizaciones hemisféricas como la SIP, han instado a las autoridades a poner fin al acoso judicial y a proteger a los periodistas.
Estas declaraciones aumentan la presión diplomática, pero aún no se han traducido en medidas concretas que reviertan el patrón de intimidación.
Contexto legal e histórico
Honduras tiene un historial reciente de elecciones disputadas, un aparato de seguridad poderoso y protecciones débiles en la práctica para la independencia mediática. Los intentos de obligar a las redacciones a revelar fuentes, combinados con disposiciones vagas de ciberdelitos y seguridad nacional, crean herramientas que pueden utilizarse para castigar el periodismo crítico.
Aunque las leyes nacionales garantizan formalmente la libertad de prensa y la protección de fuentes, su aplicación es inconsistente, especialmente cuando hay intereses políticos, militares o de seguridad involucrados. Las normas internacionales de los sistemas interamericano y de la ONU prohíben la estigmatización estatal de la prensa y protegen firmemente la confidencialidad de las fuentes, obligaciones que Honduras está comprometida a respetar.
Conclusión
Las recientes elecciones en Honduras se desarrollaron en un entorno marcado por retórica militar, presión judicial y ataques digitales que restringieron el periodismo independiente en un momento democrático crucial. Restaurar la confianza pública y garantizar resultados electorales creíbles requerirá detener la estigmatización, implementar protecciones sólidas para las fuentes periodísticas y fortalecer la supervisión de organismos regionales e internacionales. Sin estas medidas, el espacio para la información independiente, y, con ello, los fundamentos de la rendición de cuentas democrática, continuará reduciéndose.