Durante años, El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele ha sido presentado en el exterior como una historia de éxito en seguridad. Para la prensa independiente del país, el mismo periodo ha significado vigilancia, presión legal y financiera, y una salida sin precedentes de reporteros. En su índice de 2026, Reporteros Sin Fronteras (RSF) situó a El Salvador en el puesto 143 de 180 países, ocho posiciones menos en un año y 74 desde que Bukele asumió el cargo en 2019. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sitúa la caída a más largo plazo en 105 puestos desde 2014.
Este análisis repasa los principales instrumentos de presión, expone cómo responde el Gobierno a sus críticos y señala dónde difieren las cifras disponibles.
Un estado de excepción y un clima hostil
El telón de fondo es el estado de excepción introducido en 2022 para combatir a las pandillas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dijo a una comisión del Congreso de EE. UU. en abril de 2026 que las medidas, justificadas originalmente como respuesta a la violencia de las pandillas, han sido renovadas continuamente y reutilizadas de formas que restringen las libertades civiles. Una misión del CPJ y la Sociedad Interamericana de Prensa en 2024 encontró una creciente cultura del silencio, con reporteros que cubren la delincuencia y temen ser blanco de ataques.
La APES registró 789 ataques y violaciones contra la prensa en 2024, un aumento del 154 % respecto a los 311 documentados en 2023 (véase el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch). El acoso también ha sido verbal y en línea: en 2020 Bukele acusó a los principales medios de mentir y de llevar a cabo una campaña política orquestada, y la APES ha documentado un gran volumen de insultos dirigidos a periodistas, buena parte de ellos procedentes de funcionarios y simpatizantes.
La vigilancia ha formado parte del panorama. Citizen Lab concluyó que al menos 35 personas vinculadas a medios como El Faro, GatoEncerrado y La Prensa Gráfica fueron atacadas con el programa espía Pegasus, un hallazgo que se volvió a mencionar en la cobertura de la ofensiva de 2026.
La Ley de Agentes Extranjeros
El paso legal de mayores consecuencias llegó el 20 de mayo de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros con 58 de 60 votos. Exige a las personas y organizaciones que reciben financiación extranjera inscribirse en el registro del Gobierno y pagar un impuesto del 30 % sobre esos fondos. RSF señala que permite multas de hasta 250 000 dólares estadounidenses, y el CPJ advierte de que, como también se aplica a personas físicas, periodistas freelance, académicos y formadores que reciban becas o pagos del extranjero podrían ser calificados de agentes extranjeros.
El argumento económico importa tanto como el jurídico. Los medios independientes dicen que los anunciantes nacionales temen represalias, lo que hace imprescindibles a los donantes internacionales. El CPJ cita a un representante de un medio que afirma que la ley apunta precisamente a ese salvavidas. Human Rights Watch ha sostenido que la ley viola las obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Un grupo de defensa de los derechos laborales ha pedido a la Corte Suprema que la anule, según The Associated Press.
Las consecuencias para el ecosistema de la prensa fueron rápidas. El grupo de derechos humanos Cristosal anunció que abandonaba el país en julio de 2025, y la APES trasladó su domicilio legal fuera de El Salvador alegando la ley. CIVICUS incluyó a El Salvador en su Lista de Vigilancia del Monitor en julio de 2025.
El Faro y la ola de exilio
El Faro, el medio de investigación más conocido del país, trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica en 2023, y su plantilla ha estado trabajando en el exilio durante el último año, según el Tico Times. En mayo de 2026, el medio dijo que el Gobierno había congelado activos de sus socios como represalia por informar sobre presuntos tratos entre el presidente y miembros de las pandillas. Esa es la versión de El Faro; el reportaje vincula la medida con un documental publicado recientemente sobre esas acusaciones.
Las cifras del exilio varían según la fuente y el periodo, pero todas apuntan en la misma dirección. La APES y la Red Centroamericana de Periodistas contabilizaron al menos 47 periodistas que salieron entre mayo y julio de 2025. El informe anual de la APES situó después el total de 2025 en 53 comunicadores, lo que describió como la mayor ola de exilio de periodistas desde el fin de la guerra civil. La propia investigación del CPJ cuenta al menos 40. Las diferencias de metodología y de plazos probablemente expliquen la brecha, así que los editores que citen una cifra deberían indicar su fuente.
Los relatos en primera persona muestran cómo es en la práctica el “exilio preventivo”. Un periodista de El Faro que escribe en The Dial describe cómo sus colegas se marchaban tras el aviso de una fuente de que las autoridades iban a por ellos, y la expulsión de dos reporteros extranjeros alegando que no podían demostrar que eran periodistas.
La postura del Gobierno
Las autoridades salvadoreñas rechazan esta caracterización. Representantes del Gobierno han dicho al CPJ que la libertad de prensa se respeta y que ningún periodista ha sido asesinado ni encarcelado bajo el estado de excepción. El informe del CPJ de abril de 2026 reconoce esa afirmación y sostiene que su investigación apunta en sentido contrario, citando el exilio, la vigilancia y la autocensura, más que las detenciones. Bukele también ha defendido la Ley de Agentes Extranjeros y ha dicho que no le importa que lo llamen dictador, señalando la violencia de las pandillas en el país. Bukele ha comparado la ley con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE. UU. (FARA), mientras que entre los grupos de libertad de prensa el proyecto también suscitó comparaciones con la ley de Nicaragua de 2020.
El historial de seguridad del Gobierno es una parte central de su respaldo interno, y la presión sobre la prensa debe leerse junto a él. La cuestión central para los grupos de libertad de prensa es más acotada: si el periodismo independiente puede seguir funcionando, desde dentro o fuera del país, sin ser tratado como una amenaza.
Qué vigilar
Tres cosas marcarán la próxima fase. Primero, cómo se aplique la Ley de Agentes Extranjeros y si la Corte Suprema actúa ante los recursos contra ella. Segundo, si los medios en el exilio, como El Faro, pueden seguir llegando a las audiencias salvadoreñas y sostenerse financieramente. Tercero, la captura del espacio informativo desde el otro lado: el State Media Monitor identifica cinco medios vinculados al Estado, todos clasificados como controlados o capturados por este, lo que deja poca capacidad audiovisual o impresa independiente dentro del país.
Es un patrón que los observatorios de libertad de prensa reconocen en otras partes de la región. Como dijo Hugo Sánchez, de la APES, a LatAm Journalism Review, colegas nicaragüenses les han advertido de que “donde ustedes están ahora, nosotros estuvimos una vez”.
Fuentes
- RSF, Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2026 – Las Américas
- CPJ, Libertad de prensa en El Salvador (testimonio, 16 de abril de 2026)
- CPJ, El Congreso salvadoreño aprueba la ley de “agentes extranjeros” (30 de mayo de 2025)
- CPJ, Una “cultura del silencio” amenaza la libertad de prensa (octubre de 2024)
- RSF, La prensa independiente asediada en El Salvador
- Human Rights Watch, Informe Mundial 2026: El Salvador (vía ecoi.net)
- LatAm Journalism Review, éxodo de periodistas (agosto de 2025)
- Tico Times, informe sobre la congelación de activos de El Faro (7 de mayo de 2026)
- CIVICUS Monitor Watchlist, El Salvador (julio de 2025)
- The Dial, Huyendo de Bukele