El Parlamento etíope ha ratificado una enmienda a la Proclamación de Medios de Comunicación Masivos del país que transforma radicalmente la forma en que se gobierna la Autoridad de Medios de Etiopía (EMA, por sus siglas en inglés). Los cambios transfieren los poderes de nominación del liderazgo de la EMA al poder ejecutivo, eliminan las salvaguardas de transparencia y de conflicto de intereses en los nombramientos del consejo, y consolidan las facultades de concesión de licencias y sanciones dentro de la propia Autoridad, vaciando de facto los mecanismos institucionales diseñados para proteger la independencia regulatoria.
Sumados al patrón creciente de arrestos, redadas y amenazas contra reporteros, estos cambios legales marcan un giro decisivo que corre el riesgo de transformar al regulador de un potencial defensor del pluralismo mediático en un instrumento de control estatal.
La mecánica de la captura
Antes de la enmienda, la Cámara de Representantes del Pueblo (HoPR) nombraba al director general de la EMA mediante un proceso público de nominación que incluía escaños reservados para representantes de la sociedad civil y de los medios, así como una prohibición de pertenencia a partidos políticos para los miembros del consejo.
Con el nuevo marco, el Primer Ministro obtiene el poder de nominar al director general; las reglas sobre la composición del consejo se han dejado vagas; y se han eliminado disposiciones clave sobre transparencia y conflicto de intereses. Las licencias, suspensiones y multas, que antes estaban sujetas a la supervisión del consejo, ahora son ejercidas directamente por el liderazgo de la Autoridad.
Estos no son simples ajustes burocráticos; modifican de forma fundamental el lugar donde reside la rendición de cuentas dentro de la estructura regulatoria de los medios en Etiopía.
Por qué importa
La independencia regulatoria depende no solo de lo que dice la ley, sino de cómo se distribuye el poder. Las salvaguardas efectivas incluyen la separación de los poderes de nombramiento, procesos de selección abiertos, mandatos protegidos, representación plural en el consejo y controles procedimentales en la aplicación de sanciones.
Al trasladar la nominación al ejecutivo y debilitar la supervisión, la nueva ley etíope concentra el poder de nombramiento y elimina barreras críticas contra la interferencia política. Esta concentración de facultades sancionadoras y administrativas en un liderazgo designado por el ejecutivo socava la credibilidad de la EMA como regulador imparcial.
Un clima de prensa en deterioro
El endurecimiento legal se produce en un entorno hostil para los periodistas. La cobertura independiente de regiones afectadas por conflictos, especialmente Tigray, sigue provocando represalias violentas. Los periodistas han sido objeto de disparos, detenciones, confiscación de equipos y amenazas de muerte mientras trabajaban.
Una investigación reciente del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta múltiples casos de comunicadores a quienes se les advirtió “deja de grabar o dispararé”, subrayando los riesgos extremos que enfrentan quienes cubren la inestabilidad posterior a la guerra.
Más allá de los ataques individuales, el índice de libertad de prensa de Etiopía ha caído, y observadores internacionales han señalado un patrón de acoso y presión legal sobre medios independientes, profundizando el clima de miedo y autocensura.
Consecuencias para periodistas y medios
- Mayor vulnerabilidad a castigos arbitrarios. Con las facultades de concesión de licencias y sanciones ahora bajo influencia ejecutiva, las líneas editoriales que desagraden a actores políticos pueden ser rápidamente castigadas mediante suspensiones, revocaciones o multas, herramientas que pueden arruinar medios o disuadir a anunciantes.
- Aumento de la autocensura. Periodistas y editores pueden evitar temas políticamente sensibles, desde elecciones hasta operaciones militares, para reducir riesgos. Esta autocensura erosiona la rendición de cuentas y debilita el espacio público.
- Marginalización de voces locales independientes. En regiones volátiles como Tigray, Amhara y Oromia, donde la información escasea y el control es estricto, estos cambios legales aíslan aún más a periodistas locales ya expuestos a violencia e intimidación.
El discurso oficial y por qué no convence
Las autoridades defienden la enmienda como una reforma técnica destinada a agilizar operaciones y reducir la burocracia. Argumentan que líneas de autoridad más claras harán que la EMA sea más eficiente.
Sin embargo, las reformas procedimentales que eliminan transparencia, participación de la sociedad civil y protecciones frente a conflictos de interés no mejoran la gobernanza: concentran el poder. En un momento de inestabilidad política continua y con un ciclo electoral próximo, el momento elegido sugiere un esfuerzo calculado por consolidar el control del relato mediático, más que por lograr eficiencia.
La lógica política subyacente
Dos dinámicas sustentan la enmienda:
- Centralización en tiempos de crisis: los gobiernos que enfrentan amenazas de seguridad suelen endurecer el control informativo bajo el pretexto de mantener la estabilidad.
- Ventaja electoral: de cara a elecciones, los gobiernos en el poder tienden a emplear herramientas legales y administrativas para debilitar a los medios críticos y limitar el escrutinio independiente.
En Etiopía, ambas lógicas convergen, reforzando un sistema que prioriza el control sobre el pluralismo.
Qué salvaguardas reales se necesitan
La regulación independiente requiere:
- Nombramientos del consejo abiertos y competitivos.
- Prohibiciones de conflicto de interés y neutralidad política.
- Representación equilibrada de periodistas y sociedad civil.
- Procesos disciplinarios y normativos transparentes.
- Separación entre funciones investigativas y sancionadoras.
La enmienda de abril de 2025 desmantela muchos de estos elementos, debilitando el papel de la EMA como barrera entre el poder político y la prensa.
Conclusión
Las reformas de abril de 2025 representan un giro estructural hacia el control, centralizando el poder sobre los nombramientos y la aplicación de sanciones en un contexto ya marcado por la intimidación y la violencia contra periodistas.
Para el frágil ecosistema informativo de Etiopía, esta convergencia entre captura legal y represión física podría asfixiar los últimos espacios de periodismo independiente. Revertir el daño requerirá una defensa interna coordinada, una vigilancia internacional constante y un renovado compromiso con la protección de la prensa como piedra angular de la rendición de cuentas democrática.