Voces bajo asedio: cómo el gobierno de Guatemala socava la libertad de prensa desde arriba hacia abajo

Introducción

Este agosto se cumplen tres años desde la detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del ya desaparecido elPeriódico, uno de los medios de investigación más importantes de Centroamérica. Su encarcelamiento, bajo cargos ampliamente criticados como políticamente motivados, es emblemático de un patrón más amplio: una campaña deliberada para silenciar al periodismo independiente en Guatemala. Desde los medios tradicionales hasta la radio comunitaria, la falta de protección del gobierno, y, en algunos casos, su persecución activa de la prensa se ha convertido en una de las mayores amenazas para la frágil democracia guatemalteca.

El ataque a los medios independientes

La detención de Zamora en julio de 2022, y el posterior cierre de elPeriódico en 2023, enviaron un mensaje intimidatorio a toda la prensa guatemalteca. Pese a las protestas internacionales, incluidas las del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Human Rights Watch, el proceso judicial contra Zamora ha estado marcado por irregularidades, ausencia de debido proceso y un acceso limitado a su defensa. Como señaló el CPJ, “los cargos contra Zamora parecen diseñados para silenciar a una voz crítica”.

Este caso no es aislado. Bajo las administraciones de Alejandro Giammattei y, más recientemente, Bernardo Arévalo, periodistas de todo el país han denunciado un aumento de la vigilancia, amenazas y acciones legales espurias. Aunque Arévalo prometió priorizar la libertad de prensa, organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF) han señalado que “el sistema judicial sigue profundamente comprometido y los periodistas continúan enfrentando acoso legal”.

Periodismo comunitario: la primera línea de defensa

Más allá de Ciudad de Guatemala, se libra una batalla menos visible pero igual de peligrosa. El periodismo comunitario, especialmente en territorios indígenas, ha sido durante mucho tiempo un bastión contra el abandono estatal y los abusos corporativos. Arraigados en la cultura local, a menudo multilingües y operando con recursos mínimos, los medios comunitarios dan voz a poblaciones históricamente silenciadas por el Estado.

Como señala el Informe del Grupo de Observación de la Libertad de Prensa en Centroamérica (2025), estos medios no son simplemente “alternativos”, sino “agencias de memoria colectiva y resistencia”, especialmente en zonas afectadas por la violencia, el desplazamiento y el extractivismo.

Una doble vara: criminalización y marginación

Pese a su papel vital, los periodistas comunitarios trabajan bajo amenaza constante. Guatemala aún no reconoce legalmente a las radios comunitarias, lo que deja a muchas en un estado de ilegalidad permanente. Iniciativas como la propuesta de Ley 4087, que otorgaría estatus legal a estos medios, han sido sistemáticamente bloqueadas por radiodifusores comerciales.

El resultado ha sido represión violenta. En 2006, Radio Ixchel fue allanada por más de 40 agentes de policía; en 2022, el personal de Radio Nakoj sufrió intimidación y confiscación de equipos tras reportar sobre corrupción local. Periodistas como Carlos Choc, Norma Sancir y Anastasia Mejía han sido criminalizados por su trabajo. Mejía, por ejemplo, pasó 37 días en prisión sin juicio por documentar una protesta en Joyabaj, Quiché.

Violencia y represión sistemática

De acuerdo con testimonios recopilados por ARTICLE 19, el CPJ y otras organizaciones, los periodistas comunitarios son blanco de élites locales, autoridades municipales, industrias extractivas y crimen organizado. En 2024, el periodista Narciso Marcos Chegüén sobrevivió a un ataque armado tras reportar sobre corrupción en Chiquimula (Informe de misión ARTICLE 19 / FLIP). Ese mismo año, Ismael Carmen Alonzo González, periodista comunitario, fue asesinado (ibid).

Las dimensiones de género y raciales de estos ataques son especialmente alarmantes. Las periodistas indígenas enfrentan discriminación no solo por su labor, sino por desafiar estereotipos. La periodista Irma Chis fue impedida de entrar a una sala judicial durante una audiencia porque su vestimenta tradicional hacía “increíble” que fuese reportera. Esta triple discriminación —por género, etnia y profesión— agrava su vulnerabilidad.

Resistencia y resiliencia

Aun así, el periodismo comunitario sobrevive. Más aún, se transforma. Desde denunciar la tala ilegal hasta promover la educación bilingüe, estos periodistas actúan como agentes de cambio. Un periodista comunitario recordó haber informado sobre la deforestación luego de que los vecinos pidieran ayuda. La historia se volvió viral, captó atención nacional y frenó la destrucción (Prensa Comunitaria).

Organizaciones como Prensa Comunitaria, Radio Ixchel y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) siguen produciendo noticias en lenguas indígenas y generando confianza con sus comunidades, a menudo sin remuneración, sin protección legal y sin apoyo estatal.

Una prensa que vale la pena defender

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso histórico Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango vs. Guatemala que el país debe reconocer y proteger a los medios comunitarios indígenas. Cuatro años después, la implementación sigue siendo en gran medida simbólica.

Guatemala no puede reconstruir sus instituciones democráticas sin abordar las profundas desigualdades en la forma en que trata a sus medios. La libertad de expresión debe extenderse más allá de las redacciones urbanas hasta las montañas de Totonicapán, los lagos de Atitlán y las selvas de Petén. El reconocimiento legal, las políticas de protección y las reformas estructurales son ya impostergables.

Conclusión

La libertad de prensa en Guatemala no solo está bajo asedio: está siendo desmantelada activamente. Desde la persecución de periodistas reconocidos a nivel nacional hasta la criminalización de comunicadores comunitarios, el Estado ha cultivado un ambiente donde decir la verdad puede costar la libertad o la vida.

Pero el periodismo en Guatemala persiste. Y en ningún lugar es más valiente, más urgente y más esencial que en las manos de quienes hablan no para los poderosos, sino para el pueblo.

Multiply our Impact: