El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense altamente controvertida condujo a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, lo que provocó una conmoción internacional y profundizó una crisis ya precaria en el frágil panorama mediático de Venezuela. En los días posteriores, la situación de los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, se deterioró de manera significativa, dejando al descubierto la represión estructural y sistémica que continúa sofocando el periodismo independiente.
Una crisis preexistente, ahora agravada
Incluso antes de estos acontecimientos dramáticos, la libertad de prensa en Venezuela venía experimentando un deterioro constante. Durante años, la prensa nacional ha enfrentado hostigamiento sistemático, censura y restricciones administrativas, con numerosas violaciones documentadas contra periodistas y medios de comunicación. Según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, en los meses previos a finales de 2025 se habían registrado cientos de incidentes, incluidas deportaciones, detenciones y censura digital, lo que evidenciaba un patrón más amplio de represión bajo el régimen de Maduro.
La captura de Maduro, lejos de aliviar estas presiones, las ha intensificado.
Detención e intimidación de periodistas
En las horas y días inmediatamente posteriores a la salida de Maduro del poder, al menos 14 periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos mientras cubrían los acontecimientos políticos en Caracas, en particular en torno a la toma de posesión de la presidenta interina Delcy Rodríguez y la instalación de la nueva Asamblea Nacional. La mayoría de las personas detenidas eran corresponsales de medios internacionales, lo que demuestra que ni siquiera las organizaciones de noticias globales están a salvo del hostigamiento.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó que 13 de los periodistas detenidos fueron liberados tras una revisión exhaustiva de sus teléfonos y equipos, mientras que uno fue deportado. Durante estas detenciones, las autoridades habrían confiscado dispositivos, accedido a datos privados y sometido a los reporteros a interrogatorios intrusivos.
Defensores de derechos humanos, gremios de prensa y sindicatos han advertido que estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia más amplia para intimidar y silenciar voces críticas. Según declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), obstaculizar el trabajo periodístico en un contexto de profunda incertidumbre política solo alimenta la desinformación, restringe el acceso a información fiable y socava las normas democráticas.
Respuestas institucionales e internacionales
Las detenciones y restricciones han generado condenas por parte de diversas organizaciones regionales y globales defensoras de la libertad de prensa. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha rechazado formalmente el trato dado a los reporteros y ha exigido garantías plenas para la seguridad y la independencia de los periodistas.
De igual manera, la SIP ha emitido llamados urgentes a las autoridades venezolanas para que garanticen el libre ejercicio del periodismo, subrayando que el acceso de los medios a información plural y oportuna es esencial en medio de la agitación política.
Estos pronunciamientos se producen en un contexto de llamados más amplios por parte de organizaciones de prensa que exigen la liberación de periodistas que aún permanecen detenidos de manera arbitraria y la eliminación de las restricciones que limitan el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Barreras estructurales y criminalización del periodismo
El trato a los periodistas tras la captura de Maduro refleja obstáculos estructurales más profundos que desde hace tiempo dificultan el ejercicio del periodismo libre en Venezuela. Leyes y mecanismos de aplicación que criminalizan la disidencia y califican la labor periodística como “terrorismo” o “incitación al odio” han sido utilizados con frecuencia contra trabajadores de la prensa, en algunos casos derivando en detenciones prolongadas sin cargos formales.
Estas prácticas, que incluyen la vigilancia y el acceso forzado a dispositivos privados, han contribuido a un clima de miedo entre los periodistas locales que va más allá de la crisis inmediata. Muchos reporteros recurren a la autocensura y evitan cubrir acontecimientos políticos por temor a represalias que pueden incluir arrestos, problemas migratorios o vetos profesionales.
Censura digital y control de la información
Además de la intimidación física, el Estado venezolano ha recurrido a la censura digital para limitar el acceso a fuentes de información independientes. Numerosas plataformas en línea y medios de comunicación han sido bloqueados o restringidos por las autoridades, reduciendo aún más el espacio para la libre expresión y obstaculizando el debate público.
Esta represión digital agrava el aislamiento informativo en un momento en que la ciudadanía necesita con urgencia información clara y precisa sobre su futuro político y su realidad cotidiana.
El nuevo escenario político y sus implicaciones para los medios
La operación estadounidense y la captura de Maduro no han resuelto el estancamiento político en Venezuela. Delcy Rodríguez ha sido instalada como presidenta interina en medio de una fuerte oposición de sectores políticos clave y de una ambigüedad internacional en torno a la legitimidad y las estructuras de gobernanza. Al mismo tiempo, la administración de Trump ha manifestado su intención de ejercer una influencia significativa sobre los asuntos políticos y económicos del país, estableciendo condiciones para una transición acorde a sus intereses.
En este cambiante contexto geopolítico, las autoridades venezolanas han endurecido su control sobre la información, percibiendo a los medios independientes como una amenaza a la estabilidad nacional o como instrumentos de agendas políticas extranjeras, lo que complica aún más el ejercicio de un periodismo imparcial.
Conclusión: entre la represión y la resiliencia
La situación del periodismo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro constituye un claro ejemplo de lo frágil que puede ser la libertad de prensa en momentos de volatilidad política. Los periodistas continúan enfrentando detenciones arbitrarias, vigilancia invasiva, represión digital y la criminalización de su trabajo, todo bajo el pretexto de mantener el orden en una sociedad profundamente fracturada.
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, organizaciones de prensa dentro y fuera de Venezuela siguen documentando abusos y exigiendo rendición de cuentas. Su labor subraya una verdad fundamental: el periodismo libre e independiente no es solo una cuestión profesional, sino un pilar esencial de la resiliencia democrática en tiempos de crisis.
A medida que la situación evoluciona, los defensores globales de la libertad de prensa deben permanecer atentos y firmes en su apoyo a los periodistas venezolanos, cuya capacidad para informar libremente continúa estando bajo una amenaza grave.