En la última década, y con mayor intensidad desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, la libertad de prensa en Rusia ha sufrido un colapso profundo, convirtiéndose en uno de los entornos más represivos para el periodismo fuera de zonas activas de guerra. El control del Kremlin sobre los medios va más allá de la censura tradicional: incluye leyes represivas, criminalización del periodismo independiente, cierres forzados de medios y una persecución constante contra periodistas nacionales y extranjeros.
Persecuciones de alto perfil
El caso de Evan Gershkovich, corresponsal del Wall Street Journal, detenido en marzo de 2023 mientras cubría una instalación militar, muestra cómo el gobierno ruso confunde deliberadamente el periodismo con el espionaje. Acusado bajo cargos ambiguos relacionados con la seguridad nacional, Gershkovich permaneció en prisión hasta el 1 de agosto de 2024, cuando fue liberado en un inusual intercambio de prisioneros negociado por el entonces presidente Biden. Su liberación fue una excepción; su detención envió un mensaje intimidante a toda la comunidad periodística.
Más recientemente, el 20 de mayo de 2025, la policía rusa allanó la estación Bars TV y la casa de uno de sus editores, incautando equipos y suspendiendo temporalmente sus transmisiones. La investigación penal, basada en presunta difamación, está vinculada a un reportaje sobre soldados rusos desaparecidos en Ucrania. El equipo editorial sospecha también que se trata de una represalia por el uso de la palabra менты, término despectivo para la policía en sus contenidos.
“Este caso está directamente relacionado con nuestro trabajo periodístico”, declararon los editores de Bars TV al Committee to Protect Journalists (CPJ). Estas acciones ya no son casos aislados: forman parte de una política sistemática de represión para silenciar voces críticas.
Un entramado legal para acallar la prensa
El gobierno ruso ha institucionalizado la represión mediática mediante un marco legal opresivo. La conocida ley de “agentes extranjeros”, vigente desde 2012 y ampliada en múltiples ocasiones, permite etiquetar a periodistas, ONG y ciudadanos independientes como amenazas al Estado. A ello se suma una ley aprobada en 2022 que penaliza cualquier narrativa que contradiga la versión oficial de la invasión a Ucrania, calificada oficialmente como “operación militar especial”.
Utilizar la palabra “guerra” o divulgar cifras distintas a las oficiales sobre bajas militares puede conllevar sanciones bajo leyes vagas sobre “desprestigio” al ejército. Desde 2022, cientos de personas han sido multadas, detenidas o procesadas bajo estas disposiciones.
Entre el exilio y el silencio
Ante el hostigamiento, la censura y la amenaza de prisión, muchos periodistas rusos se enfrentan a una difícil elección: autocensurarse, exiliarse o enfrentar cargos penales. Cada vez más profesionales de la comunicación han huido a países como Letonia, Georgia o Alemania, desde donde continúan su labor informativa.
Medios como Meduza y Novaya Gazeta, que alguna vez fueron referentes dentro de Rusia, ahora operan desde el exilio, usando VPNs y canales cifrados para llegar a su audiencia local. Sin embargo, incluso estas redes están bajo amenaza ante el incremento de la vigilancia digital y la censura de plataformas extranjeras por parte del Kremlin.
Dentro de Rusia, la ausencia de medios independientes ha sido reemplazada por propaganda estatal, difundida a través de cadenas de televisión controladas y figuras mediáticas pro-Kremlin. Esto ha generado un ecosistema mediático deformado, donde el pensamiento crítico es desalentado y los hechos son reemplazados por ideología oficialista.
Consecuencias más allá de los medios
La ofensiva contra la prensa libre no es solo una crisis mediática, sino también una amenaza social. La falta de información independiente deja a los ciudadanos rusos expuestos a discursos oficiales que justifican la guerra, reprimen la disidencia y desacreditan a la oposición. La erosión del periodismo independiente debilita la rendición de cuentas y da rienda suelta al poder sin supervisión.
El impacto internacional es claro: cuando la verdad se criminaliza en una de las principales potencias del mundo, la desinformación y el autoritarismo se fortalecen a nivel global. A largo plazo, este entorno puede radicalizar a la oposición, profundizar la polarización social y aislar aún más a Rusia en el ámbito internacional. También socava los esfuerzos por construir paz, confianza e instituciones democráticas tanto dentro como fuera del país.
Conclusión
La represión creciente contra el periodismo en Rusia representa una alerta urgente para la comunidad internacional sobre la fragilidad de la verdad bajo regímenes autoritarios. A medida que las voces críticas son silenciadas dentro del país, la responsabilidad de informar recae cada vez más en medios internacionales, ONG y periodistas rusos en el exilio.
En Free Press Alliance, apoyamos a quienes arriesgan su libertad y su vida por informar con integridad. Hoy más que nunca, la solidaridad global y la presión internacional son fundamentales para defender lo que queda de libertad de prensa en Rusia, antes de que desaparezca por completo.