En Cuba, el periodismo que opera fuera del control estatal enfrenta enormes desafíos. Mientras el gobierno cubano mantiene un férreo control sobre la información a través de su aparato oficial de medios, un número creciente de periodistas independientes continúa informando sobre temas clave como las libertades civiles y la crisis económica. Estos reporteros a menudo enfrentan represalias que incluyen vigilancia, acoso e incluso prisión. A medida que el periodismo independiente se consolida como una herramienta esencial de participación ciudadana y rendición de cuentas, el Estado cubano ha intensificado sus esfuerzos para silenciar las voces disidentes.
Contexto histórico
Desde la Revolución Cubana de 1959 liderada por Fidel Castro, y más tarde por su hermano Raúl Castro y el actual presidente Miguel Díaz-Canel, el gobierno ha mantenido un monopolio mediático, utilizando los medios como herramienta para difundir la ideología oficial y suprimir la oposición. El periodismo independiente ha sido históricamente considerado una amenaza a la soberanía del Estado y a la “pureza ideológica”.
Uno de los episodios más notorios de represión ocurrió en 2003 durante la llamada «Primavera Negra», cuando 75 disidentes, incluidos 29 periodistas, fueron arrestados y condenados a largas penas de prisión por supuesta colaboración con potencias extranjeras.
Métodos de represión
La represión contra periodistas en Cuba es multifacética y frecuentemente extrajudicial. El hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado incluye detenciones breves, vigilancia domiciliaria y restricciones de viaje. Los periodistas reportan que sus líneas telefónicas son intervenidas, su acceso a internet interrumpido, y su vida personal invadida.
Un caso reciente es el de Jael Hernández, detenido el 24 de enero mientras cubría un caso de narcotráfico en una escuela de Matanzas, según 14ymedio. Está recluido en la prisión Combinado del Sur, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”.
Por su parte, José Gabriel Barrenechea lleva cinco meses detenido, acusado de “desorden público” tras participar en una protesta el 8 de noviembre de 2024 en Encrucijada, Villa Clara, provocada por apagones tras el huracán Rafael. Enfrenta una pena de entre tres y ocho años de prisión.
La Ley de Comunicación Social otorga al gobierno amplios poderes para multar, detener o incluso forzar al exilio a quienes compartan contenido considerado “contrarrevolucionario” en redes sociales. Estas leyes suelen aplicarse de manera arbitraria, sin vías claras de apelación. Además, los medios oficiales se utilizan para difamar a periodistas, tildándolos de “mercenarios” al servicio de intereses extranjeros.
Casos clave y voces valientes
Algunos periodistas se han convertido en símbolos de resistencia en el entorno mediático cubano:
- Yoani Sánchez, fundadora del medio digital 14ymedio, ha enfrentado censura constante y prohibiciones de viaje.
- Luz Escobar, también de 14ymedio, ha sido detenida múltiples veces y puesta bajo arresto domiciliario.
- Abraham Jiménez Enoa, cronista de temas como racismo y pobreza, fue forzado al exilio tras años de acoso.
- Lázaro Yuri Valle Roca lleva seis años detenido, acusado de divulgar “propaganda enemiga”.
Estos casos ilustran el alto costo personal del periodismo independiente en Cuba.
Justificaciones del gobierno cubano
El gobierno cubano suele presentar al periodismo independiente como un instrumento de injerencia extranjera. Según reporteros de CubaNet, durante los interrogatorios sufren confiscación de equipos y son forzados a firmar documentos que afirman que reciben pagos de medios internacionales.
No obstante, los periodistas sostienen que el objetivo es presionarlos para que abandonen el oficio o se exilien. “Según ellos [los agentes], todos los que trabajamos en CubaNet estamos destinados a degradar y desmoralizar los logros de la revolución”, afirmó José Luis Tan Estrada tras ser interrogado por supuestamente violar la nueva ley de comunicación.
Esta narrativa es utilizada para justificar la represión en nombre de la soberanía y seguridad nacional.
El papel de la solidaridad internacional
Organizaciones como el Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa han condenado repetidamente el trato del gobierno cubano hacia los periodistas. Si bien estas denuncias elevan el perfil internacional del problema, su impacto tangible es limitado debido al aislamiento político de Cuba y su resistencia a influencias externas.
Resistencia y resiliencia
A pesar de la represión, el sector de medios independientes en Cuba demuestra una enorme resiliencia. Los periodistas recurren a apps encriptadas, VPNs y plataformas internacionales para eludir la censura. Las colaboraciones con medios extranjeros brindan mayor protección y visibilidad.
El periodismo ciudadano también se ha fortalecido. Durante las protestas de julio de 2021, muchos cubanos recurrieron a redes sociales para difundir información de primera mano, aun a riesgo de ser arrestados.
Conclusión
La represión del periodismo independiente en Cuba forma parte de una estrategia más amplia de control del discurso público y supresión de la disidencia. A pesar de los riesgos personales y profesionales, muchos periodistas continúan con su labor convencidos de que la libertad de prensa es esencial para la rendición de cuentas y el cambio democrático.
Desde Free Press Alliance, hacemos un llamado a los periodistas independientes y medios, tanto en Cuba como en el resto del mundo, a seguir informando sobre la realidad en la isla. Urgimos a no ceder ante la censura, la intimidación y la represión. El pueblo cubano merece tener acceso a información veraz y sin filtros. Nos solidarizamos con quienes arriesgan su libertad cada día para mantener informado al mundo.