Las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio estaban llenas de expectativas. Se había prometido la presencia de funcionarios internacionales y observadores, como expresidentes, cancilleres y asambleístas de América Latina y España, para supervisar el proceso electoral. No obstante, solo pudieron asistir los simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro. Del mismo modo, se esperaba que varios periodistas internacionales cubrieran los eventos, pero la libertad de prensa fue la gran ausente en esta historia.
A pesar de la promesa de acceso libre para la prensa, muchos periodistas enfrentaron serios obstáculos al intentar ingresar al país o ya estando en él. Algunos lograron salir del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en Caracas, pero no todos tuvieron la misma suerte. Los veedores electorales invitados por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a los designados por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, también enfrentaron numerosos problemas a su llegada.
Un caso destacado es el del periodista Coke Minuesa, quien llegó a Caracas con el objetivo de informar sobre las elecciones. Sin embargo, poco después de su llegada, fue detenido en su hotel por agentes del régimen de Maduro. Minuesa había recibido amenazas antes de su viaje, con mensajes intimidatorios como: “Vas a saber lo que es el chavismo, esto no es España”. A pesar de la presión, Minuesa se mantuvo firme en su misión de defender la libertad de prensa, declarando: “Mi objetivo sigue siendo el mismo: defender la libertad, hacer denuncia social y dar voz a los más débiles”. Y en un acto de valentía, añadió: “No me voy, gracias por el apoyo y que Dios os bendiga”. No obstante, fue expulsado de Venezuela dos días después, siendo trasladado a Bogotá y luego deportado a España.
Otro caso relevante es el del periodista argentino Jorge Pizarro, quien fue detenido a su llegada al país por las autoridades migratorias, que alegaron que no contaba con los requisitos necesarios para ingresar a Venezuela. Pizarro fue sometido a más de 10 interrogatorios, se le confiscaron sus pertenencias como el pasaporte, el celular y la ropa, y estuvo escoltado por policías hasta que se decidió su deportación hacia Panamá.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo: “Repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro. Exigimos a las autoridades venezolanas que permitan la entrada sin condicionamientos a todos los periodistas enviados a cubrir las elecciones”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó los ataques a la libertad de prensa que están sucediendo actualmente. Señalaron que se ha obstaculizado la labor de los medios y que los periodistas han quedado expuestos a numerosos peligros. El presidente de la SIP, Roberto Rock, enfatizó que es «crucial que la ciudadanía pueda permanecer informada sobre estos eventos de tanta importancia para la democracia venezolana».
A medida que pasan los días, se desatan actos de violencia hacia periodistas. Entre estos, se encuentra el encarcelamiento de Paul León, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. También se le quitó su celular a la periodista Yuliana Palmar, y fueron detenidos Yousner Alvarado y Joaquín de Ponte, camarógrafos del medio digital Noticia Digital. Estos son solo algunos de los muchos ataques a periodistas durante las protestas por los resultados electorales en el país.
Este panorama demuestra una vez más la difícil situación de la libertad de prensa en Venezuela, donde la represión y las barreras para los periodistas no solo oscurecen la transparencia en las elecciones, sino que también ponen en tela de juicio el compromiso del país con los principios democráticos.