Desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023, se ha producido un deterioro significativo de la libertad de prensa y los derechos culturales en Argentina, según informes del Comité por la Protección de los Periodistas (CPJ) y PEN International.
La administración de Milei ha sido responsable de un gran porcentaje de los 61 ataques a la prensa registrados desde enero de 2024, con Milei y sus ministros directamente implicados en al menos el 30% de estos incidentes. FOPEA, una organización local de defensa de la libertad de prensa, informó de que en el 40% de las agresiones a la prensa durante los 100 primeros días de su mandato estaban implicados Milei o sus ministros.
Milei ha utilizado con frecuencia un lenguaje estigmatizador y despectivo contra los periodistas, llamándoles «corruptos», «mentirosos» y «extorsionadores». Esta retórica hostil ha provocado un efecto amedrentador en los medios de comunicación y un aumento de las agresiones físicas y verbales a periodistas. En particular, el veterano periodista Jorge Lanata fue desacreditado públicamente por Milei, y Editorial Perfil se enfrentó a un menosprecio similar, con Milei celebrando la posible quiebra del grupo mediático.
El gobierno también ha tomado medidas directas contra los medios de comunicación, incluida la suspensión de los contratos de publicidad del gobierno y el cierre de Acequia TV y Télam, la mayor agencia de noticias de América Latina, que fue acusada de ser una herramienta de «propaganda». Además, en mayo se suspendieron los contenidos de las redes sociales por motivos de «reorganización». Estas acciones han obligado a muchos medios de comunicación críticos a plantearse el cierre debido a las presiones económicas.
La situación se ha agravado con ataques selectivos en Internet contra editoriales como Marea, especializada en periodismo y derechos humanos, que sufrió un ataque de trolls en su cuenta de Facebook para desacreditar su libro Delia, bastión de la resistencia. Los periodistas que cubren las protestas también han sido objeto de detenciones, amenazas y agresiones físicas por parte de las autoridades, ejemplificadas en las agresiones a 35 reporteros durante las protestas entre el 31 de enero y el 2 de febrero.
Estas agresiones, combinadas con la presión económica, la inseguridad laboral y las demandas civiles contra periodistas, representan un intento de sofocar el trabajo crítico de los medios de comunicación. Seis meses después del inicio del gobierno de Milei, existe un claro patrón de ataques, amenazas y cierres de medios, creando un ambiente hostil para periodistas y trabajadores de la cultura y amenazando los derechos fundamentales de acceso a la información y libertad de expresión en Argentina.