Los periodistas indios C.G. Shankar y S. Mani, junto con un conductor de barco, fueron detenidos el 7 de marzo por oficiales paramilitares después de que presuntamente ingresaran a un área restringida para filmar un buque naval iraní atracado en el puerto de Kochi, en el estado sureño de Kerala, según varios reportes de prensa.
Las autoridades afirmaron que a los periodistas previamente se les había negado el permiso para filmar el buque, el IRIS Lavan, que había buscado refugio en India mientras aumentaban las tensiones en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los informes indicaron que Estados Unidos también había atacado otro buque naval iraní, el IRIS Dena, en un ataque con submarino que provocó el hundimiento de la embarcación.
Tras su detención, los tres individuos fueron entregados a la Policía del Puerto de Kerala, que inició una investigación bajo la Ley de Secretos Oficiales de India, una legislación de la era colonial que penaliza la recopilación o difusión de información considerada perjudicial para la seguridad nacional o las relaciones exteriores. Los periodistas también están siendo investigados bajo disposiciones del Código Penal de la India relacionadas con presunta invasión criminal de propiedad.
Según reportes de prensa, la policía acusa a los periodistas de fotografiar y grabar el buque iraní e intentar distribuir el material de una manera que podría amenazar la seguridad nacional. Si son declarados culpables bajo la Ley de Secretos Oficiales, Shankar y Mani podrían enfrentar hasta tres años de prisión, una multa o ambas sanciones.
Los periodistas han presentado solicitudes de libertad bajo fianza, que actualmente están siendo evaluadas por el Tribunal del Magistrado Judicial de Primera Clase-I en Kochi.
Free Press Alliance condena firmemente el uso de la Ley de Secretos Oficiales contra periodistas que realizaban su labor profesional. Las leyes originalmente diseñadas para perseguir el espionaje no deben ser utilizadas como herramientas para intimidar a los miembros de la prensa ni para restringir la cobertura informativa legítima. Las autoridades deben garantizar que los periodistas puedan recopilar información e informar sobre asuntos de interés público sin temor a detenciones, cargos penales o represalias.