La periodista Estefany Rodríguez fue liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el jueves por la noche tras pagar una fianza de 10.000 dólares, después de permanecer más de dos semanas detenida.
Si bien su liberación ha sido recibida con alivio, organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que el caso ya ha tenido un efecto disuasorio sobre el periodismo. El Committee to Protect Journalists señaló que la detención de Rodríguez ha generado serias preocupaciones sobre la capacidad de los reporteros, especialmente aquellos que cubren comunidades locales, para trabajar sin temor a represalias.
El equipo legal de Rodríguez ha presentado un recurso de hábeas corpus argumentando que su detención violó sus derechos bajo la Primera, Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La petición también sostiene que su arresto estuvo directamente relacionado con su cobertura de las operaciones de ICE. El caso continúa en curso, según los registros judiciales.
Agentes de ICE arrestaron a Rodríguez en Nashville el 4 de marzo, a pesar de que contaba con estatus legal en Estados Unidos. En ese momento, tenía una solicitud de asilo activa y una petición de residencia permanente en trámite a través de su esposo, ciudadano estadounidense.
Rodríguez llegó a Estados Unidos en 2021 tras huir de Colombia, donde había recibido amenazas de muerte relacionadas con su trabajo periodístico, y posteriormente solicitó asilo.
En respuesta a su detención, el Committee to Protect Journalists impulsó esfuerzos sostenidos de incidencia, incluyendo declaraciones públicas exigiendo su liberación, participación en una iniciativa de coalición con más de 40 organizaciones y apoyo a un escrito legal presentado por el Reporters Committee for Freedom of the Press en su caso.
Desde Free Press Alliance condenamos la detención de Estefany Rodríguez como parte de un patrón más amplio de uso de mecanismos de control migratorio para intimidar a periodistas. Incluso cuando se logra la liberación, estas acciones envían una señal peligrosa: que informar sobre actividades gubernamentales puede implicar riesgos personales. Las autoridades deben garantizar que ningún periodista sea perseguido por su trabajo y reafirmar su compromiso con la protección de la libertad de prensa, el debido proceso y el derecho a informar sin temor a represalias.