El pasado 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó una controvertida Ley de Agentes Extranjeros que podría afectar gravemente la libertad de prensa y el funcionamiento de la sociedad civil en el país.
La nueva normativa exige que toda persona u organización que reciba financiamiento del extranjero se registre como agente extranjero ante el Ministerio de Gobernación, pague un impuesto del 30 % sobre los fondos recibidos y se someta a una estricta supervisión estatal, incluyendo declaraciones juradas periódicas. Las sanciones por no cumplir con estos requisitos van desde multas de $1,000 hasta $150,000.
Aunque el gobierno sostiene que la medida busca fomentar la transparencia y proteger la soberanía nacional, periodistas independientes, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y ONG denuncian que se trata de un mecanismo para silenciar voces críticas y restringir el trabajo de los medios independientes en El Salvador.
“Los periodistas dependemos en gran medida de apoyo internacional para poder investigar,” explicó Óscar Martínez, editor en jefe de El Faro. “El lenguaje ambiguo de esta ley otorga al gobierno amplios poderes discrecionales. Incluso periodistas independientes y académicos podrían ser etiquetados como agentes extranjeros por recibir honorarios o estipendios del exterior.”
Martínez también advirtió que, ante el temor de represalias, muchos anunciantes locales se han retirado, dejando el financiamiento internacional como única vía de subsistencia para varios medios.
Por su parte, Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, calificó la ley como “una herramienta de persecución.” En declaraciones al Committee to Protect Journalists (CPJ), afirmó: “Está diseñada para cerrar organizaciones no gubernamentales, silenciar el periodismo crítico y reforzar el control sobre el debate público.”
En un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas bajo el actual gobierno, la aprobación de esta ley plantea serias preocupaciones sobre la censura oficial, el deterioro de las libertades fundamentales y el derecho a la libre expresión.
Desde Free Press Alliance, hacemos un llamado urgente al gobierno salvadoreño para que reconsidere esta legislación. Su implementación amenaza con asfixiar a los medios independientes, obstaculizar el trabajo de organizaciones internacionales y restringir el flujo de información esencial para una democracia saludable.