El periodista jubilado Jorge Luis González, exdirector y editor de La Tribuna de Campeche durante tres décadas hasta su jubilación en 2017, ha sido blanco de un nuevo acto de censura por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. El pasado martes 22 de julio de 2025, un juez estatal resolvió que cualquier artículo en el que se mencione a la gobernadora deberá ser previamente aprobado por el tribunal, una medida que representa una clara violación a la libertad de prensa y un intento inaceptable de silenciar críticas hacia su administración.
Este no es el primer ataque judicial que Sansores dirige contra González y La Tribuna. En junio, la gobernadora presentó una demanda acusando tanto al periodista como al medio de incitar al odio y causar “daño moral” por su cobertura crítica. Como resultado, una resolución anterior le impuso a González una multa de dos millones de pesos (aproximadamente 110,000 USD) y prohibió tanto a él como al periódico mencionar a la gobernadora en cualquier reportaje. Dicha sentencia fue suspendida el 9 de julio tras la presentación de un amparo, en el que se argumentó correctamente que la Constitución mexicana prohíbe la censura previa.
González, quien se retiró en enero de 2017 tras 30 años de servicio periodístico, señaló que no está claro qué reportajes motivaron la demanda ni por qué él fue incluido, considerando que ya no forma parte del equipo editorial de La Tribuna. A esto se suma el antecedente de 2022, cuando fue demandado por el sobrino de la gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores, y por Patrón Bacab, lo que refuerza la percepción de una persecución sistemática contra el periodista.
Estos ataques no solo constituyen una agresión directa contra González y La Tribuna de Campeche, sino que sientan un precedente peligroso para la prensa mexicana en su conjunto. La censura previa, la judicialización del periodismo y las demandas por “daño moral” son tácticas que buscan intimidar y desactivar el papel crítico de los medios en una democracia.
Desde Free Press Alliance, condenamos enérgicamente estas acciones y exigimos el respeto pleno al derecho del periodista Jorge Luis González y de La Tribuna a ejercer su labor informativa sin restricciones ni represalias. La ciudadanía de Campeche, y de todo México, merece acceder a información veraz, crítica e independiente. Callar a la prensa es condenar a la sociedad al silencio.