Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el presidente argentino Javier Milei ha supervisado un fuerte deterioro en la relación entre el gobierno y la prensa. Lo que comenzó como una retórica hostil contra los medios críticos ha evolucionado hacia un clima más amplio de estigmatización, hostigamiento judicial y represión, generando una profunda preocupación entre periodistas, organizaciones de libertad de prensa y organismos internacionales de derechos humanos.
Un aumento de ataques y retórica estigmatizante
Según FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), 2025 fue el año más perjudicial para la libertad de prensa en Argentina desde que la organización comenzó a monitorear agresiones contra periodistas. Entre enero y diciembre de 2025, FOPEA registró 278 ataques, lo que representa un aumento del 55 % en comparación con 2024 y del 139 % respecto de 2023. FOPEA informó además que el presidente Milei estuvo vinculado al 43 % de estos ataques, principalmente a través de discursos estigmatizantes, insultos y difamación pública.
Un estudio de FOPEA que analizó 113.649 publicaciones de la cuenta de X de Milei entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 reveló que el presidente se refirió de forma recurrente a periodistas como “criminales”, “corruptos”, “simios” y “terroristas”, enmarcándolos como parte de una élite política (“casta”) o como simpatizantes del kirchnerismo (“kukas”).
Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha documentado los reiterados ataques verbales de Milei contra periodistas, incluidos calificativos como “basura”, “mandriles”, “putas de los políticos”, y declaraciones como “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. RSF ubicó a Argentina en el puesto 87 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, citando la hostilidad del presidente hacia los medios como un factor central.
Los insultos como estrategia política
Los ataques de Milei no son estallidos aislados, sino parte de una estrategia comunicacional sostenida. FOPEA determinó que alrededor del 70 % de las publicaciones del presidente dirigidas a periodistas contienen lenguaje despectivo o estigmatizante. Debido al peso institucional de la presidencia, cada publicación desencadena oleadas coordinadas de acoso en línea, amplificando insultos y amenazas contra periodistas específicos.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que este entorno fomenta la autocensura, ya que los periodistas sopesan cada vez más los costos personales, legales y psicológicos de una cobertura crítica. PEN Internacional ha descrito esta dinámica como un grave deterioro de la libertad de expresión bajo el gobierno de Milei.
Hostigamiento legal y presión judicial
Junto con los ataques verbales, el hostigamiento legal contra periodistas se ha intensificado. FOPEA registró 30 casos de intimidación judicial en 2025, casi el triple de los documentados en 2024.
Un caso de alto perfil involucra a la periodista Julia Mengolini, quien ha enfrentado acciones legales vinculadas al presidente Milei y a miembros de su administración. El hostigamiento se agravó cuando comenzaron a circular en línea videos deepfake que la mostraban en actos sexuales fabricados. Mengolini presentó posteriormente una demanda contra el presidente y señaló en una entrevista con CPJ que “es muy difícil que un juez investigue a un presidente”.
El periodista veterano Alejandro Alfie, especializado en medios y libertad de expresión en Clarín, ha recibido cartas documento y citaciones a mediación en al menos cuatro causas en curso desde 2024, incluidas demandas de un influencer alineado con Milei y de un consultor del presidente que posee parte del medio La Derecha Diario. Alfie ha informado consecuencias graves para su salud vinculadas al estrés, como asma y trastornos metabólicos.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) también ha dado la alarma después de que Milei presentara o promoviera denuncias legales contra varios periodistas en el lapso de una sola semana, advirtiendo que estas acciones constituyen intimidación judicial.
Violencia de género contra mujeres periodistas
FOPEA señala que el 22 % de los ataques contra la prensa en 2025 estuvieron dirigidos a mujeres periodistas, lo que pone de relieve la dimensión de género de la represión.
Estudios adicionales publicados por Periodistas Argentinas y Chequeado muestran que el acoso en línea, los abusos sexualizados y los ataques coordinados contra mujeres periodistas son sistémicos, y que muchos se originan en cuentas verificadas vinculadas a figuras políticas o funcionarios públicos. Estos ataques buscan no solo desacreditar el trabajo profesional, sino también intimidar a las mujeres para que guarden silencio.
Ataques físicos y represión policial
La hostilidad hacia la prensa también se ha manifestado en violencia física. En marzo de 2025, el fotoperiodista Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la policía mientras cubría una protesta en Buenos Aires. Sindicatos de prensa y organizaciones de derechos humanos describieron el incidente como emblemático de los crecientes riesgos que enfrentan los periodistas al cubrir el conflicto social.
Presión institucional sobre el ecosistema mediático
Más allá de los ataques directos, Milei ha anunciado planes para cerrar o privatizar medios estatales y recortar el financiamiento de medios comunitarios, lo que genera preocupación por el pluralismo informativo y el acceso a la información. PEN Internacional y organizaciones regionales de derechos humanos advierten que las restricciones al acceso a la información pública y el debilitamiento de los medios públicos socavan aún más la rendición de cuentas democrática.
Conclusión
En conjunto, estos acontecimientos apuntan a un ataque sistémico y en escalada contra la libertad de prensa en Argentina, caracterizado por estigmatización pública, hostigamiento judicial, violencia de género, ataques físicos y presión institucional sobre el ecosistema mediático. El carácter sostenido de estas acciones, especialmente cuando son impulsadas o amplificadas por la máxima autoridad política del país, representa una grave amenaza para el debate democrático y el derecho de la sociedad a estar informada.
En Free Press Alliance afirmamos que la libertad de expresión y el periodismo independiente no son privilegios concedidos por los gobiernos, sino derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los líderes políticos tienen la responsabilidad no solo de tolerar el escrutinio, sino de salvaguardar activamente las condiciones que permiten a los periodistas trabajar libremente y sin temor a represalias.
Mientras Argentina atraviesa profundos desafíos políticos y económicos, el papel de una prensa libre y plural es más crucial que nunca. La comunidad internacional, los mecanismos regionales de derechos humanos y la sociedad civil deben seguir monitoreando de cerca estas violaciones y exigir rendición de cuentas. Defender la libertad de prensa es esencial para defender la democracia misma.