Honduras atraviesa una crisis prolongada y profunda en materia de libertad de prensa, en un contexto social complejo para América Latina. El asesinato del periodista Javier Antonio Hércules Salinas, ocurrido el 1 de junio de 2025, no solo conmocionó a la comunidad periodística del país, sino que también evidenció los riesgos mortales que enfrentan los comunicadores en un entorno marcado por la impunidad, la corrupción y la violencia estructural.
Una muerte anunciada
Javier Antonio Hércules Salinas, conductor del programa A Todo Noticias en Facebook, alternaba su labor periodística con el trabajo de taxista. De nacionalidad salvadoreña, vivía en Honduras desde hacía más de diez años y se dedicaba a reportar temas de interés público.
Este crimen no se cometió de la nada sino que en septiembre de 2023 se pudo ver el peligro que el periodista enfrentaba ya que fue secuestrado y amenazado, lo que lo llevó a abandonar temporalmente Santa Rosa de Copán. Posteriormente, se acogió al Mecanismo Nacional de Protección para periodistas, que le asignó medidas desde octubre de 2023. Sin embargo, estas resultaron insuficientes.
Según el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), solo debía firmar un registro diario en una estación policial, sin contar con resguardo físico ni seguimiento efectivo. Evidentemente, estas medidas no lograron prevenir su asesinato.
Un contexto de hostilidad y represión
Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras ha experimentado una erosión institucional. Aunque mantiene elecciones periódicas, éstas conviven con prácticas de corrupción sistémica, militarización de la seguridad pública y criminalización de la protesta social. La llegada de Xiomara Castro en 2022 generó expectativas, pero a tres años del mandato, varios sectores señalan que la impunidad persiste, no se han impulsado reformas judiciales profundas y los derechos humanos siguen sin recibir suficiente protección.
La prensa independiente, especialmente aquella que no responde a intereses empresariales o partidarios, se ha convertido en un blanco fácil.
Violencia contra periodistas e impunidad
Desde 2001 hasta mayo de 2025, al menos 110 periodistas y comunicadores han sido asesinados, y el 88% de los casos permanecen en la impunidad, según la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
Reporteros Sin Fronteras ubicó a Honduras en el puesto 142 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024, reflejando un entorno de alto riesgo para el ejercicio periodístico.
Las amenazas no solo provienen del crimen organizado y redes de narcotráfico, sino también de actores estatales que recurren a leyes restrictivas, campañas de desprestigio y vigilancia para silenciar voces críticas.
Instrumentos legales como herramientas de censura
En los últimos años, se han aprobado leyes que restringen la libertad de expresión, como la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Secretos Oficiales. Estas normativas permiten al Estado perseguir judicialmente a periodistas por divulgar información sensible o supuestamente falsa.
Organizaciones como la CIDH, OACNUDH y Human Rights Watch han advertido que la Ley de Ciberseguridad autoriza a proveedores de Internet a censurar contenido sin orden judicial y crea órganos estatales con amplias facultades para bloquear sitios web.
IFEX‑ALC también ha señalado la reforma al Código Penal y su ley de ciberseguridad por incorporar la criminalización de injurias y la obligación de las plataformas de almacenar datos de conexión, generando riesgos de vigilancias y auto inhibición informativa.
Concentración mediática y autocensura
Los principales medios de Honduras están controlados por grupos empresariales vinculados al poder político o religioso. Esta concentración, sumada a la violencia, ha generado una creciente autocensura. Muchos periodistas, especialmente en zonas rurales, evitan informar sobre corrupción, crimen organizado o abuso policial por temor a represalias.
Voces que resisten
En medio de este clima adverso, medios independientes como Contracorriente, Criterio.hn y Pasos de Animal Grande continúan con su labor de investigación, denuncia y análisis. Esto se complementa con el uso estratégico de redes sociales para sortear la censura tradicional, aunque con exposición a vigilancia, campañas de desprestigio digital y ataques en línea.
Conclusión
El asesinato de Javier Antonio Hércules Salinas no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis estructural que afecta al periodismo en Honduras. Su muerte, precedida por amenazas, desplazamiento y la ineficacia de un sistema de protección debilitado, confirma el peligro constante al que se enfrentan los periodistas que se atreven a informar con independencia y compromiso público.
En un país donde la impunidad es la norma, las leyes se instrumentalizan para censurar y las estructuras de poder, estatales y privadas, cooptan los medios, ejercer el periodismo es, literalmente, un acto de resistencia. La concentración mediática, la violencia digital y física, y la autocensura impuesta por el miedo dibujan un panorama sombrío para la libertad de expresión.
Desde Free Press Alliance aplaudimos la persistencia de medios independientes y el uso estratégico de las redes sociales como trincheras informativas demuestran que, incluso en los contextos más adversos, existen voces decididas a informar. Estas voces deben ser visibilizadas, protegidas y respaldadas a nivel nacional e internacional, porque en Honduras, como en muchas otras partes del mundo, defender la libertad de prensa es también defender el derecho de la sociedad a saber.