Tras más de dos décadas de intimidación, acoso judicial y violencia, los periodistas en Bolivia temen que los riesgos aumenten a medida que el país se acerca a unas elecciones presidenciales sin un favorito claro.
El 17 de agosto, los bolivianos votaron por primera vez en 20 años sin un candidato único del Movimiento al Socialismo (MAS). El partido, liderado durante 14 años por Evo Morales, llega fragmentado tras la crisis económica y sus prácticas autoritarias. En la boleta no figuraron ni Morales ni el actual presidente Luis Arce. Los resultados preliminares llevaron a una segunda vuelta entre Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, prevista para el 19 de octubre.
Durante una misión de investigación en junio, periodistas dijeron al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que su principal preocupación no es quién gane, sino si habrá mejoras reales en la seguridad y la libertad de prensa. La desconfianza hacia todas las fuerzas políticas es generalizada: tanto el MAS como la oposición son percibidos como amenazas.
Escalada de violencia contra periodistas
En los últimos cinco años, las agresiones contra periodistas, sobre todo en protestas y conflictos por tierras, se han multiplicado. Reporteros señalan a simpatizantes del MAS, líderes sociales y grupos organizados como principales responsables. El uso de dinamita, despenalizado en 2016, ha agravado los riesgos.
El 3 de mayo de 2025, la periodista Ángela Ninoska Mamani y su hijo, el fotógrafo Dahan Joaquín Vedia, fueron atacados en Cochabamba mientras cubrían una protesta. Ella fue golpeada y robada; él perdió su equipo de trabajo. La policía intentó presionarla para que conciliara con su agresor, quien después la amenazó con violencia sexual.
Otros casos permanecen en la impunidad. En octubre de 2021, siete periodistas fueron emboscados en Guarayos durante la cobertura de un conflicto por tierras. Los atacantes dispararon, destruyeron equipos y mantuvieron cautivos a seis reporteros durante casi siete horas. El juicio por el caso “Las Londras” recién comenzó en julio de 2025, pero fue suspendido cuando algunos acusados pidieron ser juzgados bajo la justicia indígena.
“Estamos completamente solos. No hay protección, no hay consecuencias”, resumió un reportero al CPJ.
Estrangulamiento financiero y censura económica
Los gobiernos del MAS han utilizado la publicidad oficial como herramienta de censura, premiando a medios aliados y castigando a críticos con la exclusión de fondos. Periodistas denuncian además auditorías arbitrarias, multas excesivas y procesos judiciales como mecanismos de presión financiera.
“El gobierno se dio cuenta de que ya no puede cerrar medios con policías o militares. Ahora atacan nuestras finanzas”, explicó Jorge Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP).
Zonas silenciadas y desiertos informativos
Bolivia sigue sin contar con una ley de acceso a la información pública. El proyecto aprobado por el Senado en 2024 permanece estancado, lo que permite a las instituciones negar datos sin rendir cuentas.
Regiones como El Chapare se han convertido en zonas de silencio informativo. Una investigación de ChequeaBolivia y Guardiana documentó hostigamiento, coerción y control directo de medios locales por parte de organizaciones sociales vinculadas a Morales. Medios nacionales como Radio Erbol y Radio Fides han sido expulsados de la zona.
Campañas de estigmatización desde el poder
Gobiernos del MAS, con Morales y Arce a la cabeza, promovieron campañas de estigmatización contra medios críticos. La más conocida, el “Cartel de la Mentira”, combinó documentales propagandísticos, ataques en redes y amenazas físicas.
“Cuando los periodistas eran identificados como de Erbol, eran atacados y hostigados en las calles”, recordó Inés Gonzales, directora de la emisora.
Mujeres periodistas, doblemente vulnerables
Las reporteras enfrentan amenazas sexuales, acoso en redes y campañas de difamación específicas. Muchas denuncian que las instituciones carecen de protocolos con perspectiva de género y que acudir a la justicia solo conduce a la indiferencia oficial.
El caso de Mamani es emblemático: además de ser golpeada, fue amenazada con violencia sexual por su agresor, quien permaneció en libertad.
“Si los periodistas no pueden acceder a todas las partes de nuestro propio país, entonces ¿de qué estamos hablando? Todo el país se convertirá en un desierto informativo”, advirtió Amparo Canedo, editora de Guardiana.
Conclusión
La cobertura de las elecciones bolivianas de 2025 se desarrolla en un entorno de violencia, censura y presión económica que compromete seriamente la libertad de prensa. La ausencia de garantías efectivas convierte a los periodistas en blanco de agresiones mientras el Estado se muestra incapaz, o renuente, de protegerlos.
En un contexto político volátil, la falta de seguridad para los reporteros no solo amenaza al periodismo, sino también a la legitimidad del proceso democrático.