El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense altamente controvertida condujo a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, lo que provocó una conmoción internacional y profundizó una crisis ya precaria en el frágil panorama mediático de Venezuela. En los días posteriores, la situación de los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, se deterioró de manera significativa, dejando al descubierto la represión estructural y sistémica que continúa sofocando el periodismo independiente. Una crisis preexistente, ahora agravada Incluso antes de estos acontecimientos dramáticos, la libertad de prensa en Venezuela venía experimentando un deterioro constante. Durante años, la prensa nacional ha enfrentado hostigamiento sistemático, censura y restricciones administrativas, con numerosas violaciones documentadas contra periodistas y medios de comunicación. Según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, en los meses previos a finales de 2025 se habían registrado cientos de incidentes, incluidas deportaciones, detenciones y censura

Los hondureños acudieron a las urnas el domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude, presiones políticas y un entorno cada vez más adverso para el periodismo independiente. Los resultados preliminares apuntan al empresario Nasry “Tito” Asfura como ganador, a pesar de que las encuestas previas lo situaban en tercer lugar. El proceso tomó un giro aún más polémico cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con cortar la ayuda financiera a Honduras si Asfura no resultaba electo, una intervención sin precedentes a menos de 48 horas del día de la votación. Pero más allá de las tensiones políticas o las acusaciones de injerencia externa, el desarrollo más alarmante ha sido el clima hostil y peligroso que enfrentó la prensa hondureña en las semanas previas a las elecciones. Escalada de hostilidad hacia los medios En el periodo preelectoral, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras emitió

El Parlamento etíope ha ratificado una enmienda a la Proclamación de Medios de Comunicación Masivos del país que transforma radicalmente la forma en que se gobierna la Autoridad de Medios de Etiopía (EMA, por sus siglas en inglés). Los cambios transfieren los poderes de nominación del liderazgo de la EMA al poder ejecutivo, eliminan las salvaguardas de transparencia y de conflicto de intereses en los nombramientos del consejo, y consolidan las facultades de concesión de licencias y sanciones dentro de la propia Autoridad, vaciando de facto los mecanismos institucionales diseñados para proteger la independencia regulatoria. Sumados al patrón creciente de arrestos, redadas y amenazas contra reporteros, estos cambios legales marcan un giro decisivo que corre el riesgo de transformar al regulador de un potencial defensor del pluralismo mediático en un instrumento de control estatal. La mecánica de la captura Antes de la enmienda, la Cámara de Representantes del Pueblo (HoPR)