Mientras Zambia se acerca a las elecciones generales de agosto de 2026, una creciente coalición de abogados, defensores de la libertad de prensa y organizaciones de la sociedad civil está respondiendo a lo que muchos consideran una escalada en la represión contra el periodismo independiente y la libertad de expresión.
En el centro de la disputa legal se encuentran dos controvertidas leyes aprobadas en 2025, la Cyber Security Act y la Cyber Crimes Act, que, según sus críticos, otorgan amplios poderes de vigilancia al Estado mientras criminalizan ciertas formas de periodismo y discurso en línea. Según el Committee to Protect Journalists (CPJ), abogados zambianos están impugnando actualmente estas leyes ante los tribunales, advirtiendo que podrían socavar profundamente la libertad de prensa antes de unas elecciones altamente disputadas.
El caso representa una de las confrontaciones legales más importantes sobre libertad de prensa en Zambia en los últimos años. Los abogados involucrados sostienen que la legislación amenaza las protecciones constitucionales relacionadas con la privacidad, el debido proceso y la libertad de expresión al permitir amplios poderes de interceptación, vigilancia y acceso a comunicaciones digitales con supervisión judicial limitada.
Una batalla legal por el futuro del periodismo
Entre las principales figuras que impugnan las leyes cibernéticas se encuentra el abogado Josiah Kalala, director de la Chapter One Foundation, quien se unió a la petición presentada originalmente por la Law Association of Zambia. La petición busca anular secciones clave de la legislación por considerarlas inconstitucionales.
El caso también ha recibido apoyo de organizaciones internacionales. Según CPJ, el Committee to Protect Journalists y la International Justice Clinic de la University of California, Irvine School of Law brindaron apoyo legal a la Free Press Initiative, que se unió al caso como amicus curiae junto con Amnesty International.
Los críticos afirman que la legislación introduce delitos vagamente definidos que podrían utilizarse fácilmente contra periodistas y críticos del gobierno. La Cyber Crimes Act supuestamente contempla penas de prisión para quienes difundan información considerada falsa o perjudicial para la reputación de otra persona. También criminaliza la posesión o transmisión de “información crítica” definida de forma amplia, lo que puede incluir asuntos relacionados con la seguridad pública, la estabilidad económica o la seguridad nacional.
Grupos de libertad de prensa advierten que estas disposiciones podrían generar un fuerte efecto inhibidor dentro de las redacciones, particularmente durante un ciclo electoral donde el periodismo de investigación y el escrutinio de actores políticos son esenciales para la rendición de cuentas democrática.
El acoso a periodistas se intensifica antes de las elecciones
La impugnación legal ocurre en medio de crecientes reportes de intimidación, agresiones y acoso contra periodistas en Zambia. CPJ documentó múltiples incidentes que involucraron a reporteros que cubrían eventos políticos y actividades de la oposición.
Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en abril de 2026, cuando presuntos simpatizantes del gobernante United Party for National Development (UPND), supuestamente acompañados por agentes policiales, irrumpieron en Radio Mpongwe y detuvieron la transmisión de un programa político que discutía presuntos casos de corrupción dentro de las estructuras del partido. Según el director de la emisora, las autoridades afirmaron que el programa estaba atacando al liderazgo gubernamental.
Días después, el periodista Alfonso Kasongo, de la emisora privada Power FM, presuntamente fue agredido y electrocutado con una pistola táser mientras cubría un acto de campaña. CPJ informó que Kasongo estaba grabando a simpatizantes que retenían a una persona acusada de lanzar piedras a funcionarios del partido cuando fue atacado, pese a haberse identificado como periodista.
Posteriormente, el partido gobernante declaró que no tolera la violencia contra periodistas y pidió investigaciones sobre los incidentes. Sin embargo, defensores de la libertad de prensa sostienen que los ataques reflejan un deterioro más amplio del clima de libertad de prensa en Zambia.
Según una encuesta del Media Institute of Southern Africa (MISA), el 62% de los periodistas en Zambia considera que la prensa no opera libremente, mientras que el 41% afirmó haber sufrido acoso durante la segunda mitad de 2025.
El regreso de la autocensura
Periodistas y editores aseguran que la combinación de amenazas legales, intimidación política y temores de vigilancia está fomentando la autocensura dentro de las redacciones.
Jeremy Munthali, editor en jefe de The Mast, describió el entorno mediático como “tenso y cada vez más incierto”, señalando que la intimidación dirigida contra periodistas críticos del poder ha creado “un clima de cautela”.
El impacto es especialmente grave para los periodistas de investigación. El reportero Thomas Zgambo, de Zambian Whistleblower, enfrenta actualmente cargos de sedición relacionados con su cobertura sobre corrupción y gobernanza. De ser condenado, podría enfrentar años de prisión.
Las leyes de sedición en Zambia se remontan al Código Penal de la era colonial y han sido utilizadas históricamente por gobiernos sucesivos para reprimir la disidencia. Defensores de la libertad de prensa argumentan que el resurgimiento de estos cargos, combinado con las nuevas leyes cibernéticas, señala una peligrosa expansión del control estatal sobre el discurso público.
El temor a ser procesados ya está afectando las decisiones editoriales. Periodistas entrevistados por CPJ afirmaron que algunas historias de interés público ya no se publican debido al miedo a arrestos, vigilancia o cargos criminales.
Una preocupación democrática más amplia
La ofensiva contra los medios ocurre en paralelo a crecientes preocupaciones sobre un retroceso democrático en Zambia antes de las elecciones. Organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil han criticado cada vez más medidas que, según afirman, concentran el poder y restringen el espacio cívico.
En mayo de 2026, Zambia también enfrentó críticas internacionales tras cancelar abruptamente RightsCon, una de las cumbres más importantes del mundo sobre tecnología y derechos humanos, apenas días antes de que comenzara en Lusaka. Líderes de la sociedad civil describieron la decisión como parte de un patrón creciente de censura y reducción de libertades democráticas.
Al mismo tiempo, las reformas legales y constitucionales impulsadas por la administración del presidente Hakainde Hichilema han generado preocupación entre grupos opositores y defensores de derechos, quienes temen que las instituciones estatales se estén politizando cada vez más antes de la votación.
Para muchos abogados y periodistas zambianos, la impugnación judicial contra las leyes cibernéticas va mucho más allá de la regulación digital. Se trata de determinar si el periodismo independiente puede sobrevivir en un entorno político cada vez más hostil.
El resultado del caso podría definir no solo el futuro de la libertad de prensa en Zambia, sino también la credibilidad de las instituciones democráticas del país durante una de las elecciones más trascendentales de su historia reciente.