El 27 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Kenia tiene previsto pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de Uso Indebido de Computadoras y Ciberdelitos. Esta legislación se ha convertido cada vez más en un punto crítico dentro del panorama de la libertad de prensa en el país.
El fallo llega mientras el periodista Peter Maseke Mwita enfrenta hasta 10 años de prisión por un mensaje de WhatsApp que, según afirma, fue enviado por error mientras solicitaba comentarios para una noticia relacionada con un crimen. Su caso ilustra cómo la legislación sobre ciberdelitos, originalmente concebida como una herramienta para combatir daños digitales, está siendo utilizada de maneras que, según críticos, suprimen el periodismo legítimo.
Para la comunidad mediática de Kenia, este fallo podría determinar si el periodismo digital puede seguir practicándose sin el temor a una persecución penal.
De la regulación digital a la persecución penal
La Ley de Uso Indebido de Computadoras y Ciberdelitos de 2018 fue introducida para abordar el fraude en línea, el ciberacoso, el robo de identidad y las amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, varias de sus disposiciones han generado preocupación entre los defensores de la libertad de prensa.
La Sección 27 criminaliza el “ciberacoso” en términos amplios, incluyendo comunicaciones que puedan “afectar perjudicialmente” a otra persona o que sean consideradas “gravemente ofensivas”. La ley también penaliza la publicación de “información falsa” que afecte la reputación o los derechos de otros, con fuertes multas o penas de prisión de hasta 10 años.
Estas disposiciones carecen de definiciones claras de términos clave como “información falsa”, “afectar perjudicialmente” o “gravemente ofensivo”. Una ambigüedad legal de esta magnitud crea amplios márgenes de discrecionalidad en su aplicación, un factor de riesgo en contextos donde la sensibilidad política se cruza con el ejercicio del periodismo.
La preocupación no es hipotética. En 2017, el Tribunal Superior de Kenia declaró inconstitucional la difamación penal, al reconocer que restringe de manera desproporcionada la libertad de expresión. Los críticos sostienen que la ley de ciberdelitos reintroduce efectivamente la difamación penal bajo una etiqueta diferente.
Un patrón de arrestos e intimidación
El caso de Mwita no es un hecho aislado.
• El fotoperiodista Collins Kweyu fue detenido después de solicitar comentarios a un juez sobre acusaciones de corrupción.
• El bloguero Albert Omondi Ojwang murió bajo custodia policial tras ser arrestado por cargos de publicación de información falsa. Una autopsia contradijo la versión policial y sugirió que probablemente fue golpeado.
• La desarrolladora de software Rose Njeri fue detenida por crear una herramienta que permitía a los ciudadanos enviar por correo electrónico objeciones a una legislación propuesta.
• El estudiante David Mokaya fue acusado por publicar una imagen generada con IA del ataúd del presidente William Ruto, antes de ser finalmente absuelto.
No todos los casos terminaron en condenas. Sin embargo, en contextos de libertad de prensa, el propio proceso puede convertirse en un castigo. Arrestos, detenciones, condiciones de libertad bajo fianza, costos legales y procesos judiciales prolongados generan efectos disuasorios incluso cuando los cargos finalmente se derrumban.
Abogados defensores informan que clientes que antes se expresaban abiertamente en línea han optado por guardar silencio tras enfrentar procesos judiciales, un indicador clásico de censura indirecta.
El efecto inhibidor en la cobertura de delitos
Mwita, reportero especializado en seguridad y tribunales, ha declarado que desde su liberación bajo fianza ha evitado cubrir historias relacionadas con crímenes por temor a nuevas persecuciones.
Esta forma de autocensura es una de las consecuencias más corrosivas de las leyes de ciberdelitos redactadas de forma vaga. Cuando los periodistas se retraen de la investigación sobre crimen organizado, corrupción o abusos estatales, la rendición de cuentas pública se debilita.
La libertad de expresión no se erosiona de la noche a la mañana. Se reduce gradualmente, a través de la intimidación, el riesgo legal y la incertidumbre.
Las protestas de la “Generación Z” y el control digital ampliado
El endurecimiento de la ley en octubre de 2025 siguió a protestas generalizadas contra la Ley de Finanzas de 2024, durante las cuales jóvenes activistas se movilizaron principalmente a través de redes sociales como TikTok, Facebook, WhatsApp y X.
Las enmiendas otorgaron a un comité nacional de ciberdelitos la facultad de prohibir sitios web o aplicaciones consideradas promotoras de “actividades ilegales”. Aunque los gobiernos tienen un interés legítimo en abordar la desinformación coordinada y la incitación digital, una autoridad ejecutiva sin controles para restringir plataformas en línea corre el riesgo de socavar la participación democrática.
El momento en que se introdujeron estas enmiendas, inmediatamente después de protestas lideradas por jóvenes, ha generado preocupaciones de que la ley esté evolucionando hacia un mecanismo de control político más que de protección pública.
Una tendencia regional
La situación de Kenia refleja una trayectoria más amplia en la región.
En toda África, las leyes de ciberdelitos y protección de datos se utilizan cada vez más para perseguir a periodistas bajo cargos de noticias falsas, incitación o acoso digital. En Zimbabue, el periodista Blessed Mhlanga fue detenido bajo la Ley de Ciberdatos y Protección de Datos de 2021. Zambia aprobó recientemente leyes cibernéticas que la sociedad civil ha criticado por reintroducir la difamación penal a través de delitos digitales.
Este patrón regional refleja una tensión global: los gobiernos amplían la regulación digital mientras las salvaguardas democráticas luchan por mantenerse al día.
Lo que está en juego
La demanda constitucional presentada por la Asociación de Blogueros de Kenia (BAKE) representa algo más que una cuestión técnica legal. Es una prueba constitucional sobre la proporcionalidad y la claridad de la legislación en la era digital.
Si el Tribunal de Apelaciones anula o limita las disposiciones impugnadas, podría reafirmar las protecciones constitucionales de Kenia para la libertad de expresión y restaurar la confianza entre los periodistas que trabajan en el ámbito digital.
Si, por el contrario, mantiene la ley en su forma actual, Kenia corre el riesgo de consolidar un marco en el que:
• El lenguaje vago permite una aplicación selectiva
• Las sanciones penales sustituyen a los remedios civiles
• Los periodistas enfrentan penas de prisión por errores informativos
• La autocensura se normaliza
Para un país considerado durante mucho tiempo uno de los entornos mediáticos más vibrantes de África Oriental, las implicaciones son profundas.
Conclusión
Free Press Alliance expresa su profunda preocupación por el uso continuo de la legislación de ciberdelitos de Kenia para procesar a periodistas, blogueros y creadores digitales por delitos relacionados con la expresión.
Las leyes que criminalizan “información falsa” no definida o conductas digitales formuladas de manera vaga son incompatibles con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La regulación de actividades dañinas en línea debe ser precisa, proporcional y necesaria, no una herramienta punitiva para proteger a quienes están en el poder del escrutinio público.
Mientras el poder judicial de Kenia se prepara para dictar su fallo, este momento representa una oportunidad para reafirmar que la democracia requiere no solo regulación digital, sino también límites constitucionales claros.
El resultado señalará si el futuro digital de Kenia fortalecerá la rendición de cuentas o reducirá el espacio para el periodismo independiente.