Costa Rica ha sido reconocida durante mucho tiempo como una excepción en Centroamérica: una democracia estable, con fuertes libertades civiles, instituciones independientes y una prensa libre. Sin embargo, a medida que se desarrollan las elecciones nacionales de 2026, estos supuestos históricos están cada vez más bajo presión. La polarización política, las tensiones entre el gobierno y los medios, y un entorno mediático en transformación están reconfigurando el espacio para el periodismo independiente, con serias implicaciones para la rendición de cuentas democrática.
Los recientes acontecimientos electorales, incluida la elección de la candidata populista Laura Fernández, señalan un posible punto de inflexión con consecuencias para la libertad de prensa y el espacio cívico en general.
El estado de la libertad de prensa antes de las elecciones
Bajo el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien asumió el cargo en 2022, la posición de Costa Rica en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras descendió de forma pronunciada, del puesto 8 a nivel mundial en 2022 al 36 en 2025, reflejando una tendencia negativa sostenida durante varios años.
Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa y observadores han documentado una creciente hostilidad entre el poder ejecutivo y los medios independientes. Periodistas han enfrentado ataques verbales frecuentes, estigmatización y descalificación pública por parte de funcionarios gubernamentales, dinámicas que contribuyen a un clima de intimidación y autocensura, según una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Al mismo tiempo, el Poder Judicial costarricense ha actuado en ocasiones como contrapeso. La Sala Constitucional ha fallado a favor de periodistas en casos relacionados con restricciones de acceso a eventos públicos y otras vulneraciones de derechos de prensa. Si bien estas resoluciones demuestran que las protecciones legales siguen vigentes, también ponen de relieve lo frágiles que pueden ser en un entorno político cada vez más polarizado.
La confianza pública en los medios también se ha erosionado, alimentada por la polarización política y narrativas contrapuestas que cuestionan la credibilidad del periodismo independiente.
Libertad de prensa durante las elecciones de 2026
Retórica política y cobertura mediática
A lo largo de la campaña electoral, el debate público se centró principalmente en la seguridad, el crimen y la gestión económica. La libertad de prensa rara vez ocupó un lugar central.
El análisis de los programas de los partidos reveló que varias de las principales fuerzas políticas no incluyeron propuestas específicas sobre libertad de expresión o libertad de prensa en sus documentos oficiales, lo que pone de manifiesto una relativa ausencia de compromisos en materia de medios dentro de las agendas políticas centrales.
Esta omisión refleja una tendencia más amplia en la que los problemas de política inmediata eclipsan las salvaguardias democráticas de largo plazo, incluso cuando las tensiones entre los líderes políticos y la prensa continúan en aumento.
Regulación de los medios y normas de comunicación
En el período previo a las elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) impuso límites estrictos a la forma en que las instituciones públicas pueden comunicarse a través de plataformas digitales durante la campaña. El objetivo era evitar que los recursos estatales influyeran en la cobertura electoral y garantizar una contienda justa.
Además, decisiones del poder ejecutivo, como la prórroga de licencias de radiodifusión, estuvieron orientadas a asegurar la continuidad informativa durante el ciclo electoral. Si bien buscaban salvaguardar las operaciones de los medios, estas medidas también evidenciaron la sensibilidad política que rodea la regulación mediática en un período electoral ya tenso.
Una respuesta de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones periodísticas desempeñaron un papel clave en la defensa de la libertad de prensa durante el ciclo electoral. El Colegio de Periodistas denunció públicamente actos de censura y respaldó fallos judiciales que protegieron los derechos de los periodistas frente a presiones gubernamentales.
Asimismo, instituciones académicas y organizaciones civiles impulsaron un Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Discurso de Odio, en colaboración con entidades como PROLEDI de la Universidad de Costa Rica. La iniciativa buscó promover un periodismo ético y contrarrestar la propagación de desinformación durante el proceso electoral.
Resultados de las elecciones de 2026 y posibles impactos
Los resultados finales indican que Laura Fernández, candidata populista respaldada por el presidente saliente Chaves, ganó la presidencia con cerca del 50 % de los votos, y que su partido obtuvo importantes avances en el Congreso.
La campaña de Fernández enfatizó la continuidad con los enfoques de línea dura de Chaves, especialmente en materia de seguridad, y su retórica ha generado preocupación entre críticos que advierten que una mayoría gobernante ampliada podría reconfigurar las normas institucionales. Observadores alertan que, de no existir contrapesos efectivos, estas tendencias podrían incrementar la influencia del poder ejecutivo sobre el discurso público y debilitar las salvaguardias institucionales.
Tendencias más amplias: polarización y desinformación
Encuestas e investigaciones muestran que una mayoría de costarricenses está preocupada por el impacto de la desinformación en la democracia. Los periodistas operan hoy en un entorno mediático altamente fragmentado, donde la desinformación, los ataques en línea y la desconfianza hacia los medios tradicionales complican la cobertura de los asuntos públicos.
Estas presiones se suman a los desafíos políticos existentes, situando a los periodistas en la intersección entre la hostilidad institucional y las campañas de desinformación digital.
Por qué esto importa
Implicaciones para la resiliencia democrática
Las elecciones de 2026 en Costa Rica ilustran cómo incluso sistemas democráticos consolidados no son inmunes a presiones que ponen en cuestión la libertad de prensa. La campaña evidenció vacíos significativos en la atención política a los derechos de los medios, subrayó los riesgos de intimidación desde el poder ejecutivo y expuso vulnerabilidades estructurales en el discurso cívico.
Consideraciones de política pública y defensa
El caso costarricense subraya la necesidad de:
- Compromisos políticos claros para proteger la independencia de los medios.
- Salvaguardias legales e institucionales más sólidas.
- Una participación activa de la sociedad civil para contrarrestar la desinformación.
- Garantías de acceso a la información y protección frente a la interferencia política.
Conclusión
La reputación de Costa Rica como modelo regional de libertad de prensa está siendo puesta a prueba por la política electoral, la creciente polarización y las presiones cambiantes sobre los medios. Si bien las protecciones legales siguen vigentes, la trayectoria reciente del país, incluyendo el descenso en los rankings internacionales de libertad de prensa, la retórica política dirigida contra periodistas y los cambios regulatorios durante el período electoral, demuestra que proteger la libertad de prensa requiere algo más que garantías legales: exige voluntad política, confianza pública y una vigilancia constante.
El período posterior a las elecciones será decisivo para determinar si Costa Rica puede reafirmar sus bases democráticas o derivar hacia normas que socaven silenciosamente el libre flujo de información, con consecuencias que irán mucho más allá de sus fronteras.