Dos periodistas chilenos han enfrentado una serie de denuncias por difamación presentadas por funcionarios públicos tras sus reportajes sobre presuntos casos de corrupción y mala conducta.
En la región del Biobío, el gobernador Sergio Giacaman interpuso una denuncia por difamación contra el medio El Ciudadano en 2024, dirigida a su exeditora en jefe, Josefa Barraza, y a su actual director, Javier Pineda. La querella se refiere a una publicación de Instagram, ya eliminada, de noviembre de 2024 que comparaba a Giacaman con el entonces candidato Alejandro Navarro y acusaba al gobernador de ser “responsable de malversación de fondos y abuso de niños vulnerables en CATIM”. Giacaman calificó las afirmaciones como “calumnias e injurias”.
Pineda rechazó las acusaciones, afirmando el 3 de noviembre que no estaba a cargo del medio cuando se realizó la publicación. Posteriormente, el Juzgado de Garantía de Concepción se declaró incompetente para continuar el procedimiento contra Barraza; sin embargo, Giacaman apeló la decisión y busca una pena de hasta tres años de prisión por difamación.
Mientras tanto, Josefa Barraza ha enfrentado múltiples acciones legales por parte de políticos en los últimos meses. Renunció a El Ciudadano en marzo de 2024 después de sufrir denuncias reiteradas por difamación. El 7 de noviembre, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, presentó una demanda contra Barraza tras una investigación de Contra Poder, medio que ella fundó este año, sobre presunta corrupción en su administración.
Anteriormente, en abril de 2024, la exdiputada Andrea Molina también demandó a Barraza por un artículo publicado en El Ciudadano, aunque el caso fue desestimado en junio.
Estos casos evidencian la creciente presión legal sobre los periodistas de investigación en Chile, donde la difamación sigue siendo un delito penal sancionado con posibles penas de cárcel.
En Free Press Alliance, advertimos que estas acciones judiciales reflejan un preocupante patrón de hostigamiento destinado a silenciar el periodismo independiente y desalentar el escrutinio de los funcionarios públicos. Hacemos un llamado a la despenalización de la difamación y a fortalecer las protecciones legales para periodistas que investigan asuntos de interés público.