Las leyes de privacidad más estrictas han cerrado fuentes de datos que antes eran rutinarias, han complicado la labor de informar en beneficio del interés público y han incrementado los riesgos legales. Aunque los periodistas aún cuentan con caminos posibles, como documentar las pruebas de interés público, minimizar el uso de datos y reforzar la seguridad, la carga se ha desplazado con fuerza hacia reporteros y editores. Comprender las normas en constante evolución se ha convertido en una habilidad esencial para los equipos de investigación.
Por qué importa
El periodismo de investigación depende de datos que con frecuencia contienen información personal: registros filtrados, archivos judiciales, bases de datos abiertas y rastros digitales. En la última década, marcos normativos amplios como el RGPD europeo, la CCPA/CPRA de California y la LGPD de Brasil han otorgado a los individuos un mayor control sobre sus datos. Si bien estas leyes representan avances en materia de protección, también han dificultado que los periodistas accedan a información y la utilicen en beneficio del interés público. La tensión radica en garantizar la rendición de cuentas sin silenciar al periodismo de vigilancia.
El nuevo terreno de la cobertura
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Europa (RGPD). El RGPD reconoce la labor periodística, pero deja los detalles a cada gobierno nacional bajo el Artículo 85. El resultado: un sistema fragmentado en el que una colaboración transfronteriza puede ser legal en un país y riesgosa en otro.
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Explicación sobre la “exención periodística” y divergencias nacionales en Verfassungsblog.
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Análisis de políticas sobre tensiones en la cobertura de delitos y la necesidad de armonización en Policy Review.
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Reino Unido. La exención por “fines especiales” protege el periodismo de interés público, pero es limitada. Los periodistas deben demostrar que actuaron de manera responsable, cumplieron con estándares de seguridad y ponderaron genuinamente la privacidad frente al derecho ciudadano a estar informado (ICO guidance; ICO Draft Journalism Code).
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Estados Unidos. Se perfila un mosaico de leyes estatales. En California, algunas normas contemplan excepciones para el periodismo (CPPA FAQs), pero en Colorado no (Colorado Freedom of Information Coalition). Esta ambigüedad es peligrosa: puede enfriar el periodismo basado en datos incluso antes de que una historia sea planteada.
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Brasil. En contraste, la LGPD ofrece una de las salvaguardas más claras, eximiendo expresamente el uso de datos para fines periodísticos (Artículo 4). Para los reporteros de investigación en América Latina, este es un punto positivo poco común.
Dónde los periodistas sienten la presión
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Rastreo y OSINT. Lo que antes era verificación rutinaria ahora se encuentra en una zona gris legal. En Europa, el rastreo de páginas públicas puede chocar con derechos de bases de datos y privacidad; en EE. UU., se somete a juicios frente a los términos de servicio corporativos. El caso hiQ v. LinkedIn ilustra lo frágiles que son las protecciones (opinión del 9º Circuito – PDF; análisis de IAPP).
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Trabajo con intermediarios de datos. Durante años, reporteros han adquirido bases de datos para descubrir patrones ocultos. Pero los reguladores ahora aplican restricciones, especialmente en datos sensibles como historiales de ubicación. En 2024, la FTC prohibió a la empresa X-Mode/Outlogic vender datos de localización precisa (página del caso FTC).
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Solicitudes de acceso a la información. Cada vez más, los funcionarios invocan leyes de privacidad para censurar o retener registros públicos, incluso cuando se trata de datos sobre servidores públicos. Sin embargo, tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reafirmado que el periodismo de interés público merece una fuerte protección (resumen de Columbia Global Freedom of Expression sobre Axel Springer AG v. Alemania; sentencia HUDOC).
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Derecho al olvido. Crecen las demandas de eliminación o desindexación de contenidos. Aunque los artículos permanecen en línea, con frecuencia son despojados de nombres, lo que reduce su visibilidad y socava la permanencia del trabajo de investigación (análisis en Verfassungsblog; antecedentes en Media Defence).
Cómo pueden adaptarse los reporteros
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Aplicar pruebas de interés público. Usarlas como práctica estándar: detallar qué daño se expone, por qué los datos son necesarios y cómo se minimiza la intrusión.
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Practicar la minimización de datos. Recoger solo lo indispensable para la historia. Proteger archivos originales, cifrarlos y restringir accesos.
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Tratar el rastreo como la gestión de fuentes. Documentar el proceso, preservar pruebas y buscar asesoría legal antes de infiltrarse o sortear barreras.
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Verificar proveedores con rigor. Exigir garantías sobre la legalidad y procedencia de los datos. Asumir que ciertos conjuntos, como la ubicación precisa, son de alto riesgo.
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Prepararse para la resistencia. Tener listas las justificaciones sobre por qué una historia es de interés público y por qué no se pueden aceptar solicitudes de eliminación.
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Estrategizar solicitudes de acceso. Pedir datos estructurados y anonimizados cuando sea posible, pero resistir con firmeza cuando la “privacidad” de funcionarios públicos se use para ocultar la rendición de cuentas.
La conclusión
Las leyes de privacidad no van a desaparecer, ni deberían hacerlo, pero su diseño desigual pone un peso creciente sobre el periodismo de investigación. Los periodistas deben ser, a la vez, estrategas legales, responsables de seguridad y defensores de su propio derecho a informar. En este nuevo entorno, el periodismo de vigilancia solo sobrevivirá si los reporteros aprenden a navegar las reglas y si las redacciones convierten la documentación del interés público en un pilar tan central como la verificación de hechos y la protección de fuentes.