Shatha Hajj Mubarak, periodista encarcelada en la prisión de Messaadin en Susa desde julio de 2023 por su trabajo con la empresa de producción mediática Instalingo, inició una huelga de hambre indefinida el 14 de mayo. La protesta responde a la negación continuada de tratamiento médico esencial, pese al agravamiento de sus dolores de columna y manos, además de su hipertensión, condiciones derivadas de problemas de salud previos no atendidos.
Hajj Mubarak cumple actualmente una condena de cinco años en virtud del controvertido Decreto-Ley Nº 2022-54 sobre Ciberdelitos de Túnez, ampliamente criticado por reprimir la libertad de expresión. Desde su detención, las autoridades le han impedido recibir visitas de abogados y familiares, a la espera de una audiencia de apelación.
El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) ha condenado el trato que recibe la periodista y ha responsabilizado directamente al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Prisiones y Reforma por cualquier deterioro adicional de su salud física o mental. El sindicato subrayó que el abandono sistemático de su estado de salud viola tanto los convenios internacionales de derechos humanos como las propias leyes penitenciarias del país.
En particular, el SNJT citó el artículo 17 de la Ley Nº 52 de 2001, que garantiza “a todo preso el derecho a recibir tratamiento y medicamentos de forma gratuita dentro de la prisión o, si no es posible, en instituciones hospitalarias por recomendación del médico penitenciario”.
El sindicato exigió una acción inmediata y urgente para garantizar la atención médica adecuada a Hajj Mubarak y aliviar su sufrimiento en condiciones de detención extremas. También reiteró su petición de liberación inmediata, subrayando que su encarcelamiento no representa una amenaza para la seguridad pública y contradice el principio de presunción de inocencia.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se sumó a la denuncia. “Las autoridades tunecinas deben garantizar que Hajj Mubarak reciba atención médica adecuada y liberarla de inmediato, ya que nunca debió haber sido encarcelada”, declaró Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ.
Desde Free Press Alliance nos unimos al llamado por su liberación inmediata y por una intervención médica urgente. Negarle atención médica básica vulnera los derechos humanos fundamentales y pone en peligro su vida. Las autoridades deben reconsiderar su detención y actuar conforme a las obligaciones legales nacionales e internacionales.