En un golpe a la libertad de prensa, el gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, decidió por unanimidad cerrar la emisión de Al Jazeera en Israel, amparándose en una ley aprobada el mes pasado que permite cerrar las emisiones de un canal extranjero en Israel si se considera que su contenido amenaza la seguridad del país durante la guerra en curso.
«Los reporteros de Al Yazira perjudicaron la seguridad de Israel e incitaron contra los soldados», declaró Netanyahu en un comunicado. «Es hora de expulsar de nuestro país al portavoz de Hamás». La decisión de Israel agrava la larga enemistad del país con Al Jazeera. También amenaza con aumentar las tensiones con Qatar, que financia la red de medios de comunicación, en un momento en que Doha está desempeñando un papel clave en los esfuerzos de mediación para detener la guerra en Gaza.
El mismo domingo en que se anunció la decisión, las emisiones de Al Jazeera se interrumpieron en Israel. Los intentos de sintonizar el canal mostraron un mensaje en hebreo que confirmaba la interrupción de sus emisiones. Además, periodistas de varios medios de comunicación de Israel compartieron imágenes en las redes sociales en las que se veía a la policía israelí confiscando material de las oficinas de Al Jazeera, incluidos documentos y equipos de grabación.
Al Jazeera es uno de los pocos medios de comunicación internacionales que ha permanecido en Gaza durante toda la guerra, conocido por su amplio despliegue de periodistas en la Franja, ha informado desde octubre sobre el bombardeo de hospitales, los ataques a edificios residenciales y la matanza de civiles desarmados, hechos que, según los expertos, podrían constituir crímenes de guerra. Hind Khoudary, periodista palestina afincada en la Franja de Gaza que informa para Al Jazeera English desde el 7 de octubre, afirma que los periodistas “tienen protección cero”. Se enfrentan a múltiples amenazas a diario, como intimidación, obstrucción, lesiones, detención y asesinato.
El canal internacional ha condenado la decisión del gobierno israelí de cerrar sus operaciones en Israel como un «acto criminal» y ha advertido de que la supresión de la prensa libre por parte del país «contraviene el derecho internacional y humanitario».