El derecho a la información continua en detrimento en Haití. La inseguridad que experimentan los periodistas en una nación plagada de violencia e impunidad, causan un agujero informativo sin precedentes en la nación caribeña.
Haití se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria, política y de seguridad desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Las bandas criminales se han fortalecido y la escalada de violencia alcanza niveles alarmantes, con miles de asesinatos, heridos y abusos sexuales registrados en los últimos años.
Según datos de la ONU, el número de víctimas de la violencia de bandas aumentó significativamente en 2023, con 4451 personas muertas y 1668 heridas. En los tres primeros meses de 2024, la cifra de asesinatos reportados ya era de 1554. A principios de marzo, una de estas bandas orquestó la evasión de más de 3600 presos de una cárcel y ha impuesto el terror en varias zonas del país, lo que ha llevado a la dimisión del primer ministro, Ariel Henry.
Las bandas dominan parte significativa del territorio, incluyendo infraestructuras clave como puertos y aeropuertos. Amnistía Internacional recuerda que “Las bandas criminales que están sembrando el terror deben saber que la gravedad de sus acciones conlleva una responsabilidad y que por ello pueden ser perseguidos por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos.” Sin embargo, la violencia continúa y la comunidad internacional recibe información insuficiente, obtenida por periodistas que saben que ejercer su profesión se ha convertido en sinónimo de heroísmo.
El mundo necesita saber lo que sucede en Haití
Para poder informar sobre la gravedad de la crisis que sufre el país, se necesita un ecosistema que permita a los periodistas trabajar con total seguridad. La realidad es que los profesionales de la información sufren regularmente amenazas, desapariciones, agresiones y secuestros. Seis periodistas han sido asesinados desde 2022 debido a su trabajo, según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), y no son pocos los que han tenido que resignarse al exilio.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sitúa el inicio de la decadencia de la libertad de prensa del país en 2018. Momento en el que en Haití comenzaron a crecer las protestas por el descontento social por el incremento del precio de la gasolina, acusaciones de corrupción contra el gobierno e intentos fallidos de consolidación de una institucionalidad electoral.
No obstante, desde que las bandas criminales se han fortalecido, la situación ha empeorado, la violencia contra los periodistas y los reiterados ataques contra las instalaciones de los medios de comunicación evidencian que Haití y, en especial, su capital, constituye una zona silenciada y de alta peligrosidad para los profesionales de la comunicación.
Haití está sumida en un contexto de conflictos armados constantes entre las bandas criminales y las fuerzas del orden, donde la información es escasa y los que se encargan de transmitirla sufren violencia con absoluta impunidad, en ausencia de un Estado de derecho. De acuerdo con el Índice de Impunidad Global de 2023 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la situación en Haití es tan grave que el país se sitúa con el peor historial, solamente superado por Siria y Somalia, en lo referente a la impartición de justicia por los crímenes contra periodistas que se han registrado en los últimos 10 años.